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    Las frases de la página principal están recopiladas en el texto Contra periodistas, del escritor y periodista Màrius Carol. Editorial edhasa.

    La JPS se abalanza contra la lotería ilegal para sostener 500 programas sociales en todo el país

    • Institución lanza campaña para combatir la compra de lotería ilegal.

    Casi ₡3.000 millones de colones recibirán diversos hogares y centros diurnos para la atención de adultos mayores, quienes se convierten en las personas más beneficiadas con las utilidades que la Junta de Protección Social distribuye desde este 15 de marzo entre 500 programas sociales de más de 430 organizaciones sin fines de lucro.

    Así lo informaron autoridades de la Junta, durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, en la cual revelaron los resultados de utilidades y beneficiarios.

    La entidad aprovechó la oportunidad para lanzar la campaña denominada “Querido, ¿usted compra lotería ilegal?”, como parte de los esfuerzos integrales que desplegará para combatir la comercialización y el consumo de lotería ilícita.

    Para Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, los resultados de ventas obtenidos por la institución son considerados como un aguinaldo por una serie de organizaciones pues les generan ingresos superiores al resto del año. Dichos recursos son utilizados para financiar distintas actividades y proyectos.

    De acuerdo a la jerarca, unos ₡3.840 millones son para apoyo a gestiones; ₡2.318 millones para financiamientos de proyectos y ₡1.829 millones para giros directos a instituciones públicas, entre ellos, la Asociación Gerontológica Nacional, el Proyecto de Tamizaje y la Cruz Roja Costarricense.

    La jerarca explicó que, específicamente, las utilidades generadas por el Gordo de Navidad ascienden a ₡5.436.440.274,80 que se destinan para programas sociales.

    Alto a lotería ilegal

    La JPS lanzó este lunes una campaña denominada “Querido, ¿usted compra lotería ilegal?”, para el combate de la venta y comercialización de lotería ilegal.

    Esto se suma a los esfuerzos de la Junta por reforzar estrategias que la institución ha estado implementando para innovar y premiar la fidelidad de los jugadores de lotería electrónica en nuestro país.

    El propósito de la JPS con esta campaña es generar conciencia en el comprador y resaltar que al comprar lotería clandestina se financia un producto ilícito.

    A su vez, el adquirir lotería ilegal afecta a los programas que impulsa la Junta en hogares de adultos mayores, escuelas, hospitales, organizaciones de cuidados paliativos, entre otras, donde se invierten anualmente miles de millones de colones. 

    Por ejemplo, en el 2021, pese a la crisis económica y la pandemia la institución logró transferir más de ₡29mil millones (₡29.065.114.756,99). De esta suma, más de ₡10 mil millones se invirtieron en equipamiento de última tecnología para hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y atención directa de personas en los hogares de larga estancia. Asimismo, en centros de atención diurna se invirtieron más de ₡12 mil millones (₡12.558.267.051,13) en la atención directa de 45 mil personas.

    Proyecto de ley

    Para que Costa Rica cuente con legislación robusta para contrarrestar ese mercado ilegal, la JPS ha venido trabajando junto a la Asamblea Legislativa. 

    “Tenemos un proyecto de ley que se ha venido mejorando, se ha enriquecido y se han atendido preocupaciones de algunos sectores.  Esperamos que ese proyecto continúe avanzando y que pronto se convierta en ley.  Hacemos ese respetuoso llamado a los diputados”, indicó la jerarca.

    El proyecto de ley 21.632, pretende la prohibición de actividades relacionadas con loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social.

    “Dentro del estudio desarrollado a finales de 2021, 9 de cada 10 personas jugadoras indicaron que perciben más o muchos más locales de lotería ilegal a lo largo del territorio nacional. Estos actos fortalecen la penetración de las actividades ilícitas en el país, y sobre todo afectan nuestros recursos como institución y limita la posibilidad de impactar de manera positiva a los más de 500 programas de bien social que financia y apoya la institución.

    También golpea las más de 1.700 familias microempresarias que comercializan los productos de la JPS a través de los Puntos Max y los más de 1.600 personas vendedoras autorizadas de nuestras loterías”, aseguró Britton.

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