Aumento de ministros y viceministros, decretado por el Presidente, llega a la Procuraduría
- La diputada liberacionista, Paulina Ramírez, pidió al abogado del Estado criterio jurídico de un alza salarial que considera “irracional y desproporcionada”.
La legisladora presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarias, Paulina Ramírez, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) en busca de criterio jurídico por el aumento decretado a los ministros y viceministros del actual gobierno.
El presidente Chaves firmó la semana pasada un decreto mediante el cual ajustaba el salario de sus ministros en ₡2.681.745 y el de los viceministros en ₡2.573.768. Dicho decreto fue publicado este jueves en el diario oficial La Gaceta.
No obstante, la legisladora verdiblanca considera que este aumento se encuentra fuera de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
De acuerdo con la carta enviada por la diputada a Magda Inés Rojas Chaves, procuradora adjunta, Ramírez indica que “al encontrarse los puestos de Ministros y Viceministros excluidos del Régimen del Servicio Civil, su salario es fijado por Autoridad Presupuestaria. Así lo disponen los artículos 41 y 42 del Decreto Ejecutivo N° 42909-H, emitido en marzo de 2021. No obstante, las competencias que tiene el Presidente de la República para emitir el Decreto N° 43585-H-PLAN-MTSS, así como la facultad de la Autoridad Presupuestaria de hacer extensivas las revaloraciones salariales que disponga el Poder Ejecutivo a los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, podrían encontrarse inhibidas o vedadas, temporalmente, a partir de las disposiciones de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Además, la congresista alega que cuando la relación deuda PIB alcanza el 60% se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base de todos los funcionarios y las funcionarias del sector público, sin excepción alguna.
Según el Ministerio de Hacienda, la relación deuda PIB del 2021 alcanzó el 68,19%, dato que coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 2021, al indicar que la deuda del Gobierno alcanzó un monto de ¢27,3 billones, equivalente a un 68,3% del PIB.
La congresista indicó que la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, había advertido a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios que, al mes de abril de este año, la deuda del Gobierno alcanzó la suma de ¢28,7 billones.
“Si ese monto se contrasta con la estimación que realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR), sobre el PIB 2022 (¢38.5 billones), tendríamos que la relación deuda PIB se encuentra rondando el setenta y cuatro por ciento (74%), lo que supera ampliamente el umbral establecido por ley”, añadió la legisladora del PLN.
Ramírez considera que es preocupante una posible afectación a la prestación de los servicios públicos si se realizan ajustes entre partidas de manera antojadiza a lo interno de cada Ministerio para asumir el costo del aumento al salario base de los jerarcas.
