¡Dígalo!: El silencio y el secuestro mediático de un país … Costa Rica
Por Luis Ángel Faérron Anchía, presidente de La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red Mica)
Nos enteramos por medio de la La Reacción que a inicios de semana los candidatos a la presidencia de La República se reunieron con miembros de la Cámara Nacional de Radio (CANARA).
Aprovechando dichos encuentros, queremos externar nuestra posición aprovechando el espacio de opinión que brinda este medio de comunicación.
¿Sabía usted amigo lector, amiga lectora, que todos los títulos habilitantes de las frecuencias para radio y televisión de Costa Rica, caducan en 2024?
En total, existen más de 40 mil radioemisoras en el mundo, 10 mil de ellas comunales o comunitarias según la UNESCO. En nuestro país no existe ninguna legalmente establecida de propiedad comunitaria o comercial regional.
La actual Ley de Radio de nuestro país (la 1758) fue elaborada en 1954, cuando no existía internet, el uso estándar del FM ni equipos especiales para regular u ordenar de manera técnica las emisiones de radio.
Los permisos (títulos habilitantes) han sido retenidos por el mismo grupo de radiodifusores desde hace cerca de 40 años y negados a todo costarricense que desee desarrollar un nuevo emprendimiento de radio comercial o comunal fuera del GAM por parte, primero de Control Nacional de Radio y hoy de la SUTEL.
Desde hace muchos años, la SUTEL ha mantenido una persecución a emisoras regionales, siguiendo denuncias presentadas por las cámaras, pero la misma entidad reguladora ignora las denuncias por traspaso de frecuencias por terceros a pesar de que la ley lo tipifica como prohibido.
Como parte de un proceso de consulta ciudadana para procurar la transparencia en el uso del espectro solicitamos a SUTEL el listado de los actuales concesionarios, como también sus títulos habilitantes.
La respuesta incluyó únicamente una lista que en su mayoría no coincide con los actuales operadores de frecuencias y logramos constatar así que no existe coincidencia entre muchos de los concesionarios y quienes operan las emisoras en la práctica, así mismo, no existe información actualizada de los equipos o emplazamientos existentes.
En un país donde nunca se ha efectuado un concurso público para otorgar una frecuencia de radio o televisión, ¿Cuál emisora es legal?
El espectro radioeléctrico es un bien demanial del Estado. El Estado somos todos los y las costarricenses y a pesar de ello, se nos niega a medios por años la legalidad que hemos buscado. El status quo y una Ley de Radio que fue mutilada a conveniencia de empresarios posterior a la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, en el 2009.
Pocos grupos empresariales acaparan varias frecuencias, que no siempre cumplen con lograr una cobertura nacional, cuyos concesionarios originales en muchos casos ya han fallecido mientras terceros se pasan de mano en mano las frecuencias mediante diversas jugarretas legales. Muchas de estas frecuencias han pasado incluso a manos extranjeras de grandes conglomerados mediáticos concentradores de frecuencias en América Latina.
En este escenario, se han agotado importantes oportunidades de comunicar cultura, educación, información local y también han limitado las posibilidades de agilizar la economía rural y crear fuentes de empleo en las regiones. Muchas comunidades se ven limitadas solo a consumir contenidos que son pensados y generados desde la Meseta Central.
Actualmente SUTEL y MICITT han sido partícipes en permitir esta realidad, al no recuperar muchas de las frecuencias con las que los concesionarios incumplen la ley. También la Asamblea Legislativa es cómplice al ignorar las múltiples solicitudes de diversos grupos sociales para actualizar la Ley de Radio.
Actualmente, las concesiones se actualizan sin preguntas únicamente mediante el pago de un ridículo canon de 3500 colones para emisoras de FM y 125000 colones para canales de TV.
El Gobierno entrante y los ministerios involucrados, deberán saldar esta deuda histórica con la población costarricense, máxime considerando que en 2024 se da un vencimiento de la gran mayoría de los cuestionados títulos habilitantes vigentes.
El Movimiento de Red MICA no busca que se apaguen o cierren emisoras que actualmente operan de conformidad a la ley. Pero deseamos que, junto a ellas, nuevos medios trabajen en legalidad en cada provincia, fomentando el desarrollo local tanto a través de la Radio como de la Televisión. Igualmente, pedimos que la pauta publicitaria del gobierno, hoy ampliamente concentrada en unos pocos medios sea distribuida equitativamente considerando a los medios regionales.
Red MICA aportó insumos técnicos y pruebas de que las emisoras pueden transmitir con un ancho de banda de 200 KHz, esto permitiría utilizar las frecuencias “Intermedias” en zonas fuera del GAM, duplicando en la práctica las emisoras disponibles al público y sectorizando su uso. Haciendo un uso ordenado de este recurso no existe peligro de interferencias. Estas propuestas no son nuevas y han sido ignoradas por las autoridades por años. Igualmente proponemos se explore la digitalización de la radio.
Nuestra posición es la de coexistir, Legalizar las Radiodifusoras Comerciales y Comunitarias Regionales, respetando los derechos comerciales adquiridos de cualquier concesionario legalmente establecido y que utilice conforme a la legalidad sus frecuencias. Ninguna emisora debe ser silenciada, lo que debe garantizarse es la pluralidad.
¡Es hora de recuperar y democratizar el espectro radioeléctrico!
A propósito del tema de la renovación de frecuencias que deberá darse durante el próximo gobierno puede leer el siguiente artículo.
Fotografía de portada tomada de Costa Rica Medios del Sistema Nacional de Radio y Televisión. (SINART)
