Obligatoriedad de vacuna contra Covid-19 sigue en pie para funcionarios públicos

Los funcionarios públicos costarricenses deberán  vacunarse por obligación contra la Covid-19 luego de que este miércoles 5 de enero, la Sala Constitucional rechazara una acción contra el decreto ejecutivo N°43249-S, por medio del voto N°202200374.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por un abogado de apellidos Hernández Mussio quien, como parte de sus argumentos, señaló que el citado decreto lesiona los principios de igualdad, autodeterminación informativa y reserva de ley, entre otros, así como el derecho al consentimiento informado.

Al respecto, el presidente de la Sala, Fernando Castillo, explicó que la medida dispuesta en la normativa accionada pretende, en defensa de un interés público, garantizar el derecho a la salud a nivel colectivo.

El magistrado Paul Rueda Leal, siguiendo su línea de votación de muchos casos, salvó el voto por considerar que la decisión de rechazar la acción es prematura.

Según su criterio, de acuerdo con los artículos 78,79 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando una acción carece de una fundamentación adecuada y suficiente, lo que técnicamente procede es prevenir al accionante para que remedie la omisión detectada.

El decreto

El decreto ejecutivo N° 43249-S, que entró a regir desde el pasado 15 de octubre, exige la obligatoriedad de la vacuna contra Covid-19 para todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, decidan optar por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.

Dicho decreto indica que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el Covid-19”.

El anuncio fue dado a conocer el 28 de setiembre por el ministro de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa donde indicó que “tenemos que seguir insistiendo en que la vacunación es una de las herramientas más importantes para ir saliendo de este trago tan amargo que hemos experimentado como humanidad en los últimos meses. Que Costa Rica tenga vacunas disponibles y que hay gente que no quiera hacerlo es algo penoso que debemos seguir trabajando”.

Las muertes relacionadas con el Covid-19 representan la cantidad más elevada de fallecimientos en nuestro país, en tiempos modernos, ocasionados por una sola causa, generando que se tomen las medidas necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes.

Número de fallo:	N°202200374
Número de expediente:	21-022341-0007-CO
Fecha de votación	Miércoles 5 de enero de 2022
Norma accionada:	Decreto Ejecutivo N°42889-S del 10 de marzo de 2021, reformado parcialmente mediante el Decreto Ejecutivo N° 43249-S del 7 de octubre de 2021
Por tanto:	Se rechaza por el fondo la acción respecto de la alegada violación a los principios del consentimiento informado, de jerarquía de las normas, de convencionalidad, de reserva de ley, de autodeterminación informativa; y del derecho a la vida y la salud. En lo demás, se rechaza de plano la acción. Se rechaza la gestión de coadyuvancia. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Por motivos de forma y sin referirse al fondo, el magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Conformación del tribunal:

Fernando Castillo Víquez (magistrado presidente), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García; las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes, Ileana Sánchez Navarro y Aracelly Pacheco Salazar; y el magistrado suplente Jorge Isaac Solano Aguilar.