Plan para rebajar combustibles: PLN y PUSC unen fuerzas; PLP+, NR y FA reticentes por hueco fiscal

• Iniciativa liderada por los dos partidos tradicionales disminuiría hasta en ₡100 las gasolinas y ₡50 el diésel.
• Liberación propone usar utilidades de las empresas del Estado y los superávits de las instituciones autónomas para compensar faltante.

La preocupación por las constantes alzas en los precios de los combustibles no pasa desapercibida para los diputados de la República.

Desde diferentes frentes del Congreso han surgido iniciativas para buscar la fórmula que permita aliviar el bolsillo de los costarricenses en este apartado.

Así, los partidos tradicionales Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se han puesto de acuerdo para impulsar un plan que busca la reducción inmediata de las tarifas en gasolinas y diésel.

Sin embargo, este proyecto aún no logra captar el apoyo de otras bancadas de oposición. Los legisladores del Liberal Progresista+ (PLP+), Nueva República (NR) y Frente Amplio (FA) han descartado, por ahora, apoyar la iniciativa de liberacionistas y socialcristianos, alegando que esta no contempla medidas para compensar un posible hueco fiscal que se generaría.

Por ejemplo, la bancada verdiblanca ha solicitado con insistencia la convocatoria del plan para la contención temporal del aumento al impuesto único de los combustibles, para reducir el precio en ¢100 en gasolina súper, regular y diésel por 12 meses.

Para la jefa de fracción liberacionista, Kattia Rivera, esto es un tema de voluntad política y de construcción conjunta. Además, manifestó la anuencia del partido a establecer un diálogo para encontrar una pronta solución.

A la iniciativa se sumó su compañera Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quien emplazó al gobierno a sentarse a negociar la reducción del impuesto único a los combustibles e incluso ofreció una alternativa que permitiría cubrir el posible hueco que generaría la disminución de ¢100 propuesta por su fracción.

Mesas de diálogo

Mientras, tanto, el PUSC presentó la semana pasada un texto sustitutivo al expediente 22.914, que evitaría una afectación mayor a las finanzas públicas y que rebajaría de manera inmediata el precio en ₡25 para las gasolinas y ₡50 para el diésel.

Además, solicitaron al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, conformar mesas de trabajo con las diferentes fracciones para consensuar una propuesta que rebaje el precio de los combustibles.

De igual forma, la fracción socialcristiana pidió incluir al Poder Ejecutivo en estas mesas de diálogo para que se unan en la construcción de una ruta país en este tema.

Según la subjefa de fracción, María Marta Carballo, esta es una propuesta responsable sobre un tema no de partido, sino del país, para ayudar a las familias y el sector productivo nacional.

Sobre la solicitud del PUSC, Arias Sánchez respondió estar anuente a ponerla sobre el tapete para instalar una mesa de diálogo entre diputados y el Ejecutivo con el fin de resolver el tema de los precios en combustibles.

“Siempre que sea aportar y sumar para llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía, yo estaré dispuesto a colaborar; sin embargo, quiero socializar esta propuesta previamente con la bancada de Liberación Nacional, antes de proceder”, explicó el jerarca.

Hueco fiscal

Aunque coinciden en que el tema de la rebaja a los precios de los hidrocarburos es primordial, tres de las bancadas de oposición no apoyan los planes presentados por el PLN y el PUSC; principalmente, porque estos no dicen cómo afrontarán el hueco fiscal que provocará el rebajo.

Por ejemplo, Eli Feinzaig, líder de la bancada del PLP+ afirmó estar de acuerdo en aliviar el bolsillo de los costarricenses por los altos precios de los combustibles, pero añadió se deben ser consciente de que para no agravar el desequilibrio en las finanzas del país hay que compensar cualquier rebaja en el impuesto con un recorte del gasto público.  

“Ni el PLN ni el PUSC han propuesto alternativas para solventar ese faltante que tendríamos con la rebaja del impuesto, y el presidente Chaves anunció que vetaría cualquier proyecto de ley en esas condiciones.

“Por lo tanto, desde nuestra perspectiva debemos promover un proyecto que alivie el bolsillo de los costarricenses sin ensanchar el déficit fiscal y que tenga viabilidad política. De lo contrario estaríamos haciendo esfuerzos inútiles”.

De igual forma, su compañero de bancada Gilberto Campos expresó su preocupación por el proyecto impulsado por ambos partidos.

Criterio similar reina en la bancada de Nueva República acerca de los planes planteados por los dos partidos tradicionales. “Nosotros revisamos ambos y tenemos serias dudas con los dos porque ninguno presenta cómo va a rellenar el hueco fiscal”, expresó el encargado de prensa de la fracción, Juan Diego López.

Al preguntarle si Nueva República consideraría la posibilidad de una negociación para aprobar un plan que finalmente logre disminuir las tarifas, respondió: “Nuestra visión es muy responsable en todo, buscamos proyectos que benefician a la gente y un sano manejo de finanzas públicas”, apuntó.

Por su parte, en el Frente Amplio también manifestaron sus temores ante las iniciativas planteadas por Liberación y la Unidad; especialmente, por el tema del faltante que provocaría. Eso sí admiten estar anuentes a dialogar para buscar una solución que ponga coto a los constantes aumentos de los combustibles. Así lo expresó el jefe de la fracción frenteamplista, Jonathan Acuña.

Cabe señalar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró el pasado sábado en las instalaciones del INA en La Marina de San Carlos, que para firmar esa ley los diputados primero deberán decir cómo compensarán el faltante que habrá.

Sin embargo, si la oposición lograra ponerse de acuerdo como bloque para presentar un plan que fuera aprobado, aún si el mandatario vetara la ley, cabría la posibilidad de un resello afirmativo, ya que sumarían 41 votos.

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Actividad Legislativa en Costa Rica el resello consiste en la aprobación de un proyecto de ley sin atender las observaciones del Poder Ejecutivo.

La fuerza del bloque de oposición ya quedó de manifiesto el Primero de Mayo cuando entre las cuatro bancadas legislativas eligieron 5 de 6 puestos del directorio legislativo.

Para conseguir que la diputada de Progreso Social Democrático, Luzmary Alpízar, ocupara la segunda secretaría fue necesario que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, alcanzara un acuerdo de última hora con esas cuatro bancadas que hoy, juntas, son capaces de controlar todas las votaciones en el Congreso.