Segunda ronda electoral le costará al país ₡2.000 millones

La segunda ronda electoral parece inevitable. Todas las encuestas así lo apuntan y la más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica mostró que el porcentaje de indecisos se incrementó al 53% lo que, de no suceder algo extraordinario en los próximos tres meses, Costa Rica de nuevo iría a esta etapa.

Pero, ¿cuánto le costaría al país repetir las votaciones, tal como sucedió en 2014 (Luis Guillermo Solís frente a Johnny Araya) y 2018 (Carlos Alvarado frente a Fabricio Alvarado)?

Y anteriormente, también habían ido a un balotaje Rolando Araya y Abel Pacheco en 2002, en lo que fue la primera vez en la historia de los comicios nacionales en que ningún candidato alcanzó el 40% requerido para lograr la presidencia de la República.

Entonces, como se ha vuelto una tradición, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reserva una parte del presupuesto para cubrir, en caso de que se requiera, una segunda vuelta electoral.

Héctor Fernández, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, explicó que, como se hace siempre, esta vez apartaron un porcentaje del presupuesto para atender esta circunstancia.

Financiamiento privado

Otra de las consultas que La Reacción le realizó al funcionario del TSE fue acerca del hecho de que la banca pública prácticamente ha descartado financiar campañas de los partidos políticos para esta elección. Incluso, algunas entidades privadas también han rechazado prestar dinero para este objetivo.

Esto ha provocado la queja de varios candidatos. Por ejemplo, Emilia Molina Cruz, exjefa de campaña del candidato presidencial del PAC, Welmer Ramos, afirmó que los bancos rehúsan otorgar financiamiento al Partido Acción Ciudadana (PAC) para su actividad electoral.

Molina aseguró al diario La Nación que la banca privada les ha cerrado las puertas por las leyes impulsadas por Ramos, desde la Asamblea Legislativa, en particular la de poner un límite a las tasas de interés de los créditos, conocida popularmente como ley sobre la usura.

El grupo financiero BCT, propiedad del empresario Leonel Baruch, se ha convertido, una vez más -ya lo hizo en 2018- en la principal fuente de financiamiento de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio. (Lea también https://lareaccioncr.com/bct-repite-como-la-billetera-de-la-campana-electoral/).

Sobre la dificultad que representa para las agrupaciones políticas conseguir apoyo financiero en la banca estatal, Fernández apuntó algunos factores que pueden incidir en el asunto.

Precisamente, Fernández dijo que por ello desde hace algún tiempo el Tribunal ha abogado por variar este sistema.

El funcionario manifestó que la organización de las elecciones costarricenses es un proceso que ha sido alabado por diversas instituciones internacionales lo que llena de satisfacción a la entidad.

Capacitación virtual a fiscales

Como parte de esta organización, por primera vez en la historia, el Tribunal impartirá una capacitación virtual a fiscales de partidos políticos.

Se estima que, aproximadamente, 70 mil fiscales será acreditados por las diferentes agrupaciones en contienda electoral.

La capacitación, que no será obligatoria, procura que los fiscales acreditados conozcan y desarrollen habilidades respecto de la normativa que rige la fiscalización de los procesos electorales.

Las personas que se inscriban pueden desarrollar el taller en el horario de su conveniencia y desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet.