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    Las frases de la página principal están recopiladas en el texto Contra periodistas, del escritor y periodista Màrius Carol. Editorial edhasa.

    “U” públicas rechazan plan que ataría su autonomía constitucional al equilibrio financiero

    • Proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo eliminaría autonomía constitucional de dichos centros de estudio, así como de las municipalidades y de la CCSS.
    • Iniciativa cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, pero el diputado Danny Vargas aseguró que este proyecto manosea la autonomía, buscando la parte de presupuesto.

    La discusión de un proyecto de reforma constitucional que incluiría dentro de la regla fiscal a las municipalidades, universidades públicas y la Caja Costarricense del Seguro Social (hoy cobijadas bajo autonomías constitucionales) ha provocado el rechazo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

    De acuerdo con el expediente del proyecto, existe un aparente conflicto que describe en su exposición de motivos en los siguientes términos: “(…) las municipalidades, las universidades públicas y la Caja Costarricense del Seguro Social, son parte de ese ámbito del sector público cobijado por principios de autonomía constitucional que han mostrado resistencia a la hora de aplicar la regla fiscal y por tanto, respetar el cumplimiento del principio de equilibrio financiero”.

    Al respecto, el presidente de CONARE, Rodrigo Arias Camacho, asegura que no existe ninguna dicotomía entre el equilibrio presupuestario y las autonomías.

    El equilibrio financiero es la base sobre la cual el Poder Ejecutivo determina las rentas probables y los gastos máximos a autorizar en el Presupuesto de la República, que es aprobado por la Asamblea Legislativa.

    Según las autoridades universitarias, todos los presupuestos de la República, sin excepción, cumplen el principio constitucional de equilibrio presupuestario, que constituye clara expresión del equilibrio financiero, ejercido en la etapa de formulación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo.

    Alegan que existen prioridades en las inversiones y gastos públicos que han sido elevadas a rango constitucional para garantizar su integridad, protegiéndolos del ámbito de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y señalando prioridades para la Asamblea Legislativa.

    Por ejemplo, mencionan el presupuesto del Poder Judicial para garantizar su independencia; el gasto destinado a la Educación Pública en general; la asignación mínima para los gobiernos municipales o la cuota patronal estatal ante la Caja Costarricense de Seguro Social para la universalización del Seguro Social.

    El único conflicto que en este régimen constitucional podría darse sería resultado de la reticencia tanto del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa por considerar y respetar estas disposiciones constitucionales en la formulación y aprobación de los presupuestos de la República para asignar los montos constitucionalmente establecidos para el Poder Judicial, la Educación Pública, las Municipalidades o la Caja Costarricense de Seguro Social.

    “La pertinencia del financiamiento de todas estas instituciones es parte sustancial del acuerdo social contenido en nuestra Constitución Política vigente y es condición necesaria para el sostenimiento de un Estado Social de Derecho, sostiene el CONARE.

    Arias de acuerdo

    El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, opina que la regla fiscal debe cubrir a todo el sector público, sin excepciones.

    Por su parte, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, está de acuerdo en aplicar ese límite inclusive a instituciones que cuentan con autonomías constitucionales, como las universidades públicas, municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social.

    “Hay personas que nos manifiestan que a la institución no le tienen que aplicar la regla fiscal porque los recursos no vienen estrictamente del presupuesto. La regla fiscal es para todo el gasto público y debe cubrir a todo el sector público, independientemente del origen de los ingresos. ¿Por qué es así? Porque si alguna entidad que recibe ingresos entra en problemas, ¿qué tiene que cubrir eso? Es sobre el sector público. Sale de los recursos públicos, aseguró Arias en conferencia de prensa.

    Pero la posición en torno a esta iniciativa no es uniforme en la bancada verdiblanca. El diputado por San José, Danny Vargas, se manifestó en contra del proyecto que impulsa el Ejecutivo.

    El diputado verdiblanco, Danny Vargas, considera que esta iniciativa manosea la autonomía de dichas instituciones.

    Entre otras, Vargas aseguró que “este proyecto del Ejecutivo para la reforma constitucional, que es de la legislatura pasada, en el fondo lo que busca es manosear la autonomía, buscando la parte de presupuesto. El manoseo a la autonomía de las municipalidades, las universidades y la Caja, para mí es sumamente peligroso. Pueden transgredir más allá de la parte presupuestaria y tocar elementos esenciales, que son pilares en el tema del régimen democrático del país y por esta razón estoy opuesta a ellas, dijo Vargas al Semanario Universidad.

    Para el CONARE, invocar un enfrentamiento inexistente entre autonomías constitucionales y el Presupuesto de la República, tal y como lo propone “resolver” el proyecto de ley 22.266, constituye una reforma constitucional para autorizar la desaplicación e inobservancia de la priorización de los gastos e inversiones públicas en el Presupuesto de la República, e implicaría una autorización para vaciar de contenido los artículos 78, 170 y 177 de la Constitución Política, por la vía de normas de naturaleza presupuestaria, lo cual resulta claramente improcedente.

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