(Última entrega) Dos empleados de SUPEN son investigados por funcionario que habría participado en concurso irregular para nombrar al Intendente de Pensiones
- El superintendente de Seguros, Tomás Soley, quien fue investigado por efectuar la prueba técnica y acompañar a la superintendente en la entrevista no-puntuada, así como en la elección de Pacheco como ganador del concurso, conduce la investigación sobre los dos funcionarios inculpados.
A dos funcionarios de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) se les abrió un expediente administrativo por parte del del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por su supuesta participación en las irregularidades presentadas en el concurso (PC-059-2020) que dio como resultado la elección del candidato Adrián Pacheco Umaña como intendente de Pensiones.
Ambos colaboradores son investigados por el superintendente de Seguros, Tomás Soley, quien habría estado involucrado directamente en dichas irregularidades.
Así lo indica el informe de Auditoría Interna del Conassif al señalar que “… El señor Tomás Soley colaboró en la preparación de la única prueba técnica aplicada, así como en la revisión y calificación de la pregunta de desarrollo, la cual estaba contenida en el sistema de reclutamiento REC. Posteriormente, ayudó en la atención de una consulta relacionada con la pregunta 10 de la prueba y brindando su criterio técnico para las resoluciones de tres apelaciones presentadas por oferentes internos. Finalmente, participó en un conversatorio que se realizó con los cuatro finalistas después de que fue aplicada la prueba de idoneidad y la evaluación de competencias, la cual no tuvo puntuación“.
Irregularidades
Una de las irregularidades que se le achacan a Soley es que durante la prueba técnica, en la pregunta de desarrollo -en la cual al candidato Adrián Pacheco se le calificó con nota 100-, no emitió una respuesta esperada.
En el oficio SP-129-2022 (contenido en el folio 1172 del expediente del concurso) se explica que nunca se emitió una respuesta ideal para la pregunta de desarrollo.
“… se requiere conocer quién determinó o consideró que no era requerido o necesario en ese momento enviar la respuesta, cuáles elementos fundamentaron esa decisión, y si existen correos electrónicos o algún documento que en esa oportunidad se haya generado y que respalde esa decisión:
… esta decisión se tomó con el fin de no retrasar más el proceso de contratación, considerando que, debido a sus múltiples ocupaciones, el señor Tomás Soley, quien fue el encargado de diseñar la prueba, no había podido remitir a la SUPEN la respuesta esperada a la pregunta de desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, es importante recordar que don Tomás no solo diseñó la prueba, además, evaluó esta sección, y dejó constando en la plataforma los comentarios correspondientes a las respuestas de cada oferente”.
Entonces, cabe cuestionarse lo siguiente: si Tomás Soley no tenía la prueba de desarrollo con la respuesta esperada, -ya que no la envió a SUPEN-, ¿cómo es que consideró que la calificación que Pacheco merecía en esa pregunta era del 100%? O bien, si tenía una respuesta esperada, ¿por qué no la envió a SUPEN?
Además, a Soley se le cuestiona el haber participado junto con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar en la entrevista “no puntuada” -en lugar de una técnica como establecía originalmente el concurso-, la cual, por ser subjetiva, no debió utilizarse como parámetro para escoger la idoneidad de los concursantes.
Así se establece en el informe de Auditoría Interna que señala lo siguiente:
“Los conversatorios se llevaron a cabo el 13 de agosto de 2021, en horas de la tarde y en modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
“Se contó con la participación de la señora Superintendente de Pensiones y el señor Superintendente General de Seguros. Se aclara que las conversaciones no fueron grabadas ni se definieron respuestas esperadas a las preguntas planteadas, por cuanto se trataban de consultas abiertas para conocer la opinión particular de cada finalista“.
Lo preponderante aquí es que, en las dos primeras partes de la prueba técnica, Pacheco no obtuvo el porcentaje mínimo, por lo que iba a ser descalificado. No obstante, en la pregunta de desarrollo -que no contaba con respuesta esperada- alcanzó el puntaje perfecto (100%) con lo que terminó como el tercer mejor promedio.
Así se demuestra en este cuadro.
A pesar de dichas irregularidades, señaladas en el informe, Soley decidió, junto con la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, seleccionar como ganador del concurso a Adrián Pacheco, tal como se evidencia en el folio 000933 – Tomo 5 del expediente concursal, en el que mediante un correo electrónico de Aguilar a uno de los funcionarios inculpados le informa lo siguiente:
“Buenas tardes, después de este largo proceso, y de una muy valiosa entrevista, coincidimos Tomás y yo en seleccionar a Don Adrián Pacheco en la posición“.
Chivos expiatorios
Curiosamente, ni Rocío Aguilar, ni Alberto Dent, ni Tomás Soley recibieron castigo por sus supuestos actos indebidos.
En su lugar, y para proteger a estos tres jerarcas, pagaron los platos rotos dos empleados que no habrían cometido ninguna falta.
Ahora bien, cabría preguntarse ¿por qué le transfieren el caso -como “juez”- de estos dos funcionarios, a Tomás Soley, quien fue parte fundamental de las presuntas irregularidades del concurso?
Es más, si se investiga a dos empleados ¿por qué no se investigó a los jerarcas, cuyas actuaciones, como indica el informe de Auditoría Interna del Conassif, fueron aparentemente irregulares e ilegales, tal como lo establece el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública.
“El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave“.
Como es conocido, el Conassif archivó el caso en contra de la superintendente Rocío Aguilar, alegando que la Supen no participa en los procesos de selección de personal, pues dicha labor recae en el departamento de Recursos Humanos del Banco Central.
Así quedó demostrado en la respuesta que el Conassif dio al diario La Nación acerca de las causas por las cuales se determinó no iniciar una investigación sobre la jerarca.
Entonces, si el propio Conassif libra de responsabilidad a la Superintendente de Pensiones, surge la interrogante, ¿por qué se mantiene abierto un proceso administrativo disciplinario sobre dos subalternos de Aguilar?
Al mismo Adrián Pacheco, autor de una declaración jurada en la cual incluyó información que no coincidía con la realidad de su experiencia en el cargo de jefatura, el Conassif tampoco le abrió investigación alguna.
Como lo hemos hecho en las cinco entregas periodísticas anteriores, La Reacción gestionó las respuestas a las múltiples preguntas sobre el tema con Tomás Soley. Sin embargo, la coordinadora de comunicación institucional de la Sugese, Melissa Molina, envió la siguiente respuesta:
“En relación con su consulta le comento que el señor Superintendente no puede referirse a ninguna de las preguntas debido a que algunos de los procesos todavía están abiertos en otras instancias administrativas”.
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