Contraloría y Colegio de Contadores estallan contra proyecto de ley oficialista: Conozca cual proyecto es
En agosto, la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez presentó el proyecto de ley 25.747, denominado Reforma para la Promoción de la Libre Competencia en los Servicios Profesionales y Modernización del Régimen de Colegiatura, que busca eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones en Costa Rica.
La propuesta plantea que la incorporación a los colegios profesionales sea voluntaria, con excepciones para determinadas actividades en áreas como salud, derecho e ingeniería. También contempla crear un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y limitar las potestades de supervisión y sanción de los colegios a las personas afiliadas.
Contraloría alerta por controles sobre fondos públicos
El 22 de octubre, la Contraloría remitió a la Asamblea Legislativa su criterio técnico sobre el expediente 25.747. En el oficio DFOE-GOB-0446, advirtió que la reforma podría afectar requisitos de habilitación y supervisión profesional utilizados actualmente en distintas áreas del sector público.
La institución puso especial atención en las labores de auditoría, aseguramiento, certificación y control de información relacionada con el manejo de la Hacienda Pública. Estas funciones, según explicó, permiten respaldar decisiones, verificar controles y garantizar la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
Por esa razón, la Contraloría considera necesario preservar las garantías de competencia técnica, independencia, ética, calidad y responsabilidad de quienes desempeñan esas labores. Su preocupación es que eliminar la colegiatura como requisito general, sin armonizar adecuadamente las excepciones y las leyes especiales, genere incertidumbre sobre las condiciones que deben cumplir determinados profesionales.
El órgano contralor señaló que el proyecto contempla mantener requisitos especiales para algunas actividades, pero advirtió que otros artículos podrían dificultar su aplicación. Por ello, recomendó revisar los artículos 4, 5 y 7 para evitar contradicciones entre la nueva regla de colegiatura voluntaria y las exigencias particulares que ya establece el ordenamiento jurídico.
La advertencia tiene implicaciones para puestos como los de auditor y subauditor internos de instituciones públicas, así como para profesionales externos que realizan auditorías, certificaciones o encargos de aseguramiento sobre información financiera y presupuestaria. La Contraloría no cuestionó únicamente el cambio en la afiliación a los colegios, sino que pidió valorar si el nuevo modelo conservaría los mecanismos de supervisión y responsabilidad necesarios para actividades cuyo resultado puede incidir en el control de los recursos públicos.
Cuestionan financiamiento del registro nacional
Otro de los puntos señalados por la Contraloría es la creación del Registro Nacional de Profesionales, que estaría a cargo del MEIC. Aunque la iniciativa propone que el sistema sea público, digital y gratuito, el texto no identifica cuánto costaría desarrollarlo y mantenerlo ni establece una fuente específica de financiamiento.
La CGR advirtió que el registro requeriría recursos permanentes para infraestructura tecnológica, actualización de información, ciberseguridad, continuidad del servicio y personal especializado. Por ello, instó a que la discusión legislativa considere el impacto presupuestario de la medida y la capacidad técnica y financiera del ministerio para asumir esa nueva responsabilidad.
En sus conclusiones, la institución sostuvo que el modelo de colegiatura voluntaria resulta insuficiente para las funciones vinculadas con el control y la rendición de cuentas sobre fondos públicos si no se contemplan las salvaguardas profesionales que correspondan según los riesgos de cada actividad.
Además, precisó que las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre servicios profesionales se han concentrado especialmente en eliminar restricciones a la competencia relacionadas con tarifas mínimas obligatorias. Según la Contraloría, los análisis comparados de esa organización no establecen un único modelo de regulación y plantean que los requisitos deben guardar proporción con los riesgos de cada profesión.
Colegio de Contadores: proyecto «no tiene ni pies ni cabeza»
Las advertencias de la Contraloría coinciden parcialmente con las preocupaciones expresadas por Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos, quien conversó con La Reacción sobre la iniciativa.
Ovares manifestó el rechazo del gremio y explicó que, en su criterio, la contabilidad pública requiere mecanismos de control debido a la responsabilidad que asumen estos profesionales al emitir certificaciones y firmar estados financieros de bancos y empresas importantes. El jerarca considera que el proyecto no toma suficientemente en cuenta las funciones que actualmente desempeñan los colegios profesionales para vigilar el ejercicio de sus miembros. A su juicio, eliminar la afiliación obligatoria para la mayoría de las profesiones plantea una pregunta fundamental: quién asumiría la fiscalización y cómo se financiaría.
Para dimensionar el alcance del cambio, Ovares señaló que existen más de 33 colegios profesionales y estimó que, en conjunto, más de 100 personas trabajan en labores de fiscalización. Su cuestionamiento es qué ocurriría con esas funciones si el sistema cambia y qué estructura tendría que asumir el Estado para reemplazarlas o garantizar una supervisión adecuada.
En ese contexto, el presidente del colegio calificó la iniciativa como un proyecto que «no tiene ni pies ni cabeza». Su crítica se centra en que, según considera, la propuesta modifica el sistema de supervisión profesional sin resolver de manera suficiente cómo se sostendrían esas responsabilidades.
Aunque la preocupación de Ovares sobre los recursos coincide con la observación de la Contraloría acerca del financiamiento del nuevo registro, ambas posiciones no son idénticas: la CGR se concentra en la sostenibilidad de la plataforma y en los controles relacionados con los fondos públicos, mientras que el representante gremial también cuestiona la pérdida de potestades de fiscalización de los colegios.
Ovares advierte un «descalabro» y compara la propuesta con cambios en Chile
El presidente del Colegio de Contadores fue más allá y advirtió que, si la iniciativa se aprueba sin mecanismos que garanticen el control profesional, podrían producirse consecuencias que calificó como un «descalabro». Ovares considera que el cambio podría debilitar la capacidad de vigilar la calidad del trabajo profesional y dejar mayor margen para que cada persona establezca cómo ejercer y cuánto cobrar, sin los mismos controles que, según él, existen actualmente. También defendió la inversión que realiza el país en educación y formación universitaria, y cuestionó que se modifique un sistema que, desde su perspectiva, ha contribuido a sostener estándares profesionales.
Otro de sus argumentos fue la capacitación continua. Según explicó, en contabilidad pública las normas técnicas pueden cambiar varias veces durante el año, por lo que considera importante que los colegios mantengan programas de actualización y formación para sus integrantes. Ovares también cuestionó que se presente a Chile como ejemplo para justificar una reforma de este tipo. Durante la entrevista, vinculó los cambios en el modelo chileno con el gobierno del dictador Augusto Pinochet y contrastó esa experiencia con el sistema democrático costarricense.
Con esa comparación, el representante gremial expresó su rechazo a que Costa Rica adopte un modelo que, en su opinión, podría debilitar los controles sobre el ejercicio profesional. Se trata de la interpretación y el argumento planteados por Ovares; el criterio técnico de la Contraloría no basa sus objeciones en esa comparación histórica, sino en los riesgos para la Hacienda Pública, la supervisión profesional y el financiamiento del registro.
Colegio defiende la fiscalización y la capacitación
Ovares sostuvo que los colegios profesionales no se limitan a cobrar cuotas o exigir la incorporación de sus miembros. Según explicó, también intervienen ante posibles faltas éticas, ofrecen capacitación y procuran que sus integrantes se mantengan al día con las normas que rigen su profesión.
El jerarca defendió estas funciones como parte de la responsabilidad de los colegios de vigilar el ejercicio profesional y proteger la confianza en los servicios que ofrecen sus miembros.
El expediente 25.747 busca promover la competencia en los servicios profesionales y modificar el régimen de colegiatura en Costa Rica. Sin embargo, el criterio de la Contraloría y las críticas del Colegio de Contadores ponen el foco en dos interrogantes centrales para el debate legislativo: cómo garantizar la calidad y la responsabilidad de quienes ejercen determinadas profesiones y cómo financiar y sostener los mecanismos de supervisión que se consideren necesarios. La iniciativa deberá continuar su trámite en la Asamblea Legislativa, donde los diputados podrán valorar las observaciones técnicas de la Contraloría y las posiciones de los sectores involucrados.
