¿Varió el Colegio de Abogados la nota de incorporación de forma ilegal?
Auditoría interna evidenció que la práctica adoptada por la Junta Directiva habría sido ilegal. Sin embargo, tampoco accionó ante las autoridades respectivas.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica habría variado de forma ilegal y en contraposición a la normativa interna de la organización la nota mínima de incorporación para los nuevos profesionales del derecho en nuestro país, que de forma original estaba en 80 puntos, para colocarlo en una nota mínima de 70.
Así consta en un documento de auditoría interna, del cual La Reacción tiene copia digital, donde el auditor interno del Colegio de Abogados, José Guillermo Silesky Mata, confirma tras la inspección realizada que las formas de variación de las notas de incorporación no siguieron el procedimiento adecuado.
El artículo 17 del Código de Deontología Jurídica y Vigilancia Académica establece que: “…Con base fundamento en los artículos supra citados, es que el Colegio tiene la obligación de establecer la calificación mínima, para aprobar el examen de Excelencia Académica en un 80 sobre 100.
Ahora bien, es a través de la modificación reglamentaria que podría variarse dicho parámetro. Sin embargo ello está sujeto a cuestiones de oportunidad y conveniencia que, en primera instancia le corresponde valorar a la Junta Directiva. Si esta determina la necesidad de ello, entonces debe convocar a una asamblea general extraordinaria para modificar el texto legal” (el subrayado y la negrita son propios)
Sin embargo dentro de la misma auditoría en las evidencias aportadas por el documento se encuentra que en la sesión de Junta Directiva con número de acta 45-24 del 19 de noviembre del 2024 queda plasmado como el directivo John Tapia Salazar solicitó de forma expresa que la Dirección Legal del Colegio que emita un criterio que “indique si la Junta Directiva cuenta con la potestad para bajar la nota a 70 sin necesidad de someterlo a una Asamblea Extraordinaria.
La Reacción tiene muestras de conversaciones en chats de Whatsapp donde el propio Tapia Salazar se compromete con abogados que no han podido incorporarse al colegio (y que por consiguiente no podían trabajar) a realizar e impulsar las modificaciones a lo interno para que se lograra dicha modificación.
¿CUÁNDO SE ADOPTÓ EL CAMBIO?
En el documento de la auditoría suscrito por Silesky se deja entrever que pese a las constantes advertencias de los Comités de Excelencia Académica en el año 2024 y para el 2025, además de las observaciones sobre la Dirección Legal del Colegio de Abogados, fue el 04 de febrero del 2025 cuando la Junta Directiva tomó el acuerdo para variar la nota de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, al rebajarlo de 80 a 70; sin que mediara la Asamblea General mencionada como requisito.
La licenciada Marylin Arias Mesén, incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas desde el año 2014 y con número de carnet 24669 fue contactada por La Reacción, pues en el documento de auditoría es justo quién solicita la investigación respecto del tema en cuestión.
Arias contó a nuestros micrófonos como su tesis es que estas modificaciones se realizaron con absoluto criterio político electoral, pues el Colegio de Abogados tiene proceso de elección de Junta Directiva este 6 de diciembre, y el directivo John Tapia Salazar; el mismo que solicitó variar la nota de incorporación sin que existiera Asamblea General Extraordinaria figura como el candidato a la presidencia por el grupo Innovación.
“Hay un claro interés, yo trato siempre de revisar las actas para ver que acuerdos se toma en la Junta Directiva y dentro del mismo informe de auditoría se desprende que todas estas solicitudes se dan a nombre de John Tapia; y es quién intercede por los recién graduados para que se puedan incorporar con un mecanismo retroactivo. Justo el mes pasado cuando se anunciaron las papeletas venía él encabezando la papeleta del partido Innovación. Entonces claro que a uno le entra cierto temor y desconfianza si esto se hizo con fines políticos porque ahora parece que los recién incorporados le deben a él la incorporación, creen que él lo hizo por ayudarlos y no saben que él ha estado en la junta por muchos años”, alegó.
Este es parte de los mensajes y pruebas que La Reacción tiene del papel que habrían tenido miembros actuales de la Junta Directiva para cambiar los criterios de incorporación al Colegio de Abogados
Gracias a esta modificación, según Arias, un aproximado de 3 mil profesionales lograron ser incorporados a la organización gremial, números que servirían para que Tapia y su grupo logren el control en las decisiones del Colegio por un periodo más, mismo en el que llevan más de 15 años de control y administración de los intereses del gremio.
Esta conversación demostraría como en efecto Tapia habría cambiado los parámetros de incorporación por beneficiar a nuevos graduados, los cuales agradecen su intervención. Estos serían votos seguros para el sábado 6 de diciembre
Papel ausente
Por normativa de la Ley de Control Interno, los auditores internos o externos de las distintas entidades públicas responde por su labor ante la Contraloría General de la República, sin embargo posterior a los hallazgos de la auditoría elaborada por el auditor del Colegio de Abogados no habrían existido acciones ante las autoridades competentes.
Así lo manifestó la denunciante Marylin Arias.
“Del informe de auditoría no se desprenden recomendaciones o acciones porque eso es parte de este tipo de documentos. Yo sabía que iba a ser difícil que él actuara bajo las competencias de él, yo interpuse las denuncias ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública. En la Contraloría solo me hicieron un documento donde me dijeron que esto no nos corresponde a nosotros, si no que debe ir el agremiado ante la Fiscalía, considero que no era mi deber hacerlo y cuando lo reenvío a la Procuraduría me contestaron que ellos no podían investigar sobre otra investigación”, explicó la denunciante.
La Reacción consultó sobre este particular a la Contraloría General de la República, y a través de la oficina de prensa nos remitieron respuestas concretas alrededor de las funciones, atribuciones y obligaciones de los auditores.
“Cuando una auditoría interna identifica hechos que podrían constituir posibles irregularidades, debe emitir los productos que correspondan dentro de sus competencias legales, conforme a la Ley General de Control Interno, n.° 8292. Dichos productos pueden ser dirigidos a la Administración Activa, al Ministerio Público o a otras autoridades competentes, según la naturaleza del hecho.
La responsabilidad de instaurar procedimientos administrativos o disciplinarios corresponde exclusivamente al jerarca institucional y a la autoridad competente dentro del respectivo ente u órgano, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable. En materia penal, la valoración y eventual apertura de causas corresponde al Ministerio Público, conforme a la ley”, reza la respuesta en correo electrónico.
Arias Mesén reiteró al auditor de apellido Silesky, que se defendió con el argumento de que la Contraloría no lo obligaba a él a presentar las denuncias respectivas, aunque a la denunciante la Procuraduría de la Ética Püblica le manifestó que sí era responsabilidad del auditor presentar las respectivas denuncias.
Posterior a los cambios contrarios a la ley y la normativa interna, varios agremiados recibieron la notificación de que en una asamblea express intentarían aprobar los cambios como dicta el artículo 17 del Código Deontológico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Sin respuesta
Este sábado 6 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde las oficinas centrales y regionales del gremio a saber Alajuela, Guápiles, Limón, Puntarenas, Pérez Zeledón y San Carlos; además de Ciudad Neilly, Heredia y Cartago.
En esta ocasión se disputan la presidencia el partido Innovación, con John Tapia Salazar como candidato a la presidencia, y el grupo opositor Integra Iuris; quienes buscan sacar de la administración al grupo que por espacio de quince años ha representado los intereses del colegio.
Desde el pasado 11 de noviembre, La Reacción envió el siguiente correo al departamento de Comunicación del Colegio de Abogados con una solicitud expresa de respuesta ante el informe de auditoría, base y fundamento de esta información. Sin embargo no recibimos respuesta previo a esta publicación, así tampoco don Francisco Cruz; presidente actual de la Junta Directiva a quién intentamos contactar para una posición al respecto, pero no hubo respuesta efectiva.
Este correo fue escrito el pasado 11 de noviembre, sin que tuviéramos respuesta al respecto
El presidente del Colegio de Abogados, Francisco Cruz; tampoco respondió a las dudas ni tampoco nos acercó a John Tapia; señalado por propiciar los cambios en las notas del examen de incorporación
El reporte especial en torno a este tema a continuación.
