Contraloría mantiene en revisión la licitación para ampliar Puerto Caldera
La empresa ICTSI alega falta de transparencia en proceso.
Expresidente Chaves minimizó a la empresa que apeló el día que presentó su último informe presidencial.
La firma filipina ICTSI opera la terminal de Puerto Cortés en Honduras.
La Contraloría General de la República (CGR) mantiene en estudio (desde el martes 12 de mayo) una apelación que presentó la empresa International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) debido a supuestas inconsistencias en el proceso de adjudicación de la terminal portuaria de Puerto Caldera, en el pacífico del país.
El órgano contralor otorgó un plazo de cinco días hábiles tanto a la administración como al consorcio Sunset, integrado por APM Terminals que administra la Terminal de Contenedores de Moín y Hanseatic Global Terminals (HGT), subsidiaria de Hapag-Lloyd y parte de la actual Sociedad Portuaria de Caldera – SPC) adjudicado del proceso de modernización de la terminal portuaria para que se refieran a los hechos planteados por ICTSI.
Mientras tanto la Contraloría tiene 40 días para dictar su resolución final.
El pasado 22 de febrero el INCOP anunció que dicha empresa incumplía el límite máximo de 1.75 en la relación deuda patrimonio. Mientras tanto, el 6 de marzo el INCOP decidió adjudicar la concesión al único participante que quedaba, el consorcio Sunset.
El proyecto de modernización de Puerto Caldera cuenta con una inversión estimada de $600 millones de dólares con el objetivo de ampliar y equipar la terminal para superar la saturación actual. Las obras incluyen mejoras en terminales de contenedores, granelera y carga general.
ICTSI también opera la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce en Buenaventura, Valle del Cauca, en Colombia.
La razón de la exclusión
Uno de los alegatos de la empresa descalificada es el cambio de criterio en cuanto a la calificación de la relación deuda patrimonio. En un primer momento, INCOP aseguró que ICTSI tenía una relación deuda patrimonio de 1.33 por debajo del límite superior permitido de 1.75.
Pero luego de un cuestionamiento por parte del otro competidor, la administración recalificó en 2.16 este índice al agregar a la lista de pasivos los arrendamientos y alquileres necesarios para sus operaciones.
Ese supuesto cambio de criterio a solicitud del otro competidor es uno de los temas que molesta ICTSI, empresa de origen filipino que según sus representantes cotiza en bolsa y todos sus informes financieros son públicos.
Criterios diferenciados
Esto se suma a una denuncia pública que realizó en el plenario legislativo el exdiputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Pogresista, quien presentó un documento del expediente del cartel de licitación, donde es ilegible la información presentada.
En México, ICTSI tiene dos puertos. Uno es Contecon Manzanillo y el otro es la Terminal Marítima de Tuxpan, en Veracruz.
En ese documento se presentaba la información financiera del consorcio Sunset, por lo que al legislador le pareció extraño que mientras a uno de los participantes se le recalifica la relación deuda patrimonio a criterio del otro competidor, a la oferta ganadora “no se le cuestionó, ni se le pidió aclaración alguna por los documentos”.
De acuerdo con Feinzaig, un estudio mostró que más del 60% de toda la información de carácter financiero presentado por Sunset no se puede leer, lo que genera la pregunta de cómo pudieron revisar esa información los encargados.
Expresidente Chaves minimiza a empresa descalificada
En la presentación del último informe de labores de su gobierno, el entonces presidente de la República se refirió a la empresa que elevó el asunto ante la órgano contralor.
Ante una pregunta de La Reacción acerca de por qué durante su gobierno nunca se atendió la urgencia de ampliar Puerto Caldera, Chaves afirmó que esta era “una empresa filipina que ni yo, ni mucha gente se acuerda”.
La empresa ICTSI con sede en tiene 37 años de existencia y opera 34 terminales en 19 países. En Latinoamérica opera ocho puertos: México, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina y tres en Brasil. Según datos auditados, sus ingresos en el 2024 fueron de $2740 millones.
Una historia de no acabar
Las advertencias de la Contraloría al INCOP debido a los problemas presentados en Puerto Caldera no son nuevos. En julio de 2020 la CGR advirtió a la administración de la necesidad de proceder con la licitación de Puerto Caldera.
Luego reiteró la misma situación tanto en 2024 como en 2025. Justamente en junio del 2025, una auditoría del órgano contralor halló riesgos para la continuidad del servicio portuario, debilidades en la planificación del cierre de contratos, retrasos en mantenimiento, problemas de coordinación institucional y riesgos de atraso en la modernización.
En septiembre de ese año también respondió a críticas que culpaban a la Contraloría por los atrasos, recordando todas las veces que indicó la necesidad de proceder con la licitación.
Coprocom entra en escena
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) también ingresó en escena. La empresa excluida alega que la conformación del consorcio podría haberse hecho contrario a lo establecido en la ley.
Y es que según ICTSI, ambas empresas cumplían con todos los requisitos para haber podido participar en la licitación, por lo que no se entiende la participación en un consorcio.
Y es que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en su artículo 11 inciso d considera práctica monopolística: “Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas”.
Está en manos de la Coprocom decidir si la conformación de dicho consorcio representó o no colusión para aspirar a ganar la licitación.
