Laura Fernández pasa de admirar sistema de Bukele a evitar referirse a sus posibles fallas
La presidenta de la Republica Laura Fernandez, afirmó que no suele opinar sobre las políticas públicas de otros mandatarios de la región, luego de que un periodista le consultara sobre el plan para liberar anticipadamente a cerca de la mitad de los detenidos en El Salvador.
En marzo, cuando era presidenta electa, expresó su admiración por los resultados del modelo de Nayib Bukele y aseguró que replicaría parte de su estrategia de seguridad en Costa Rica.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa otorgar libertad anticipada y condicional a cerca de la mitad de las más de 92.000 personas detenidas durante el régimen de excepción que se mantiene vigente desde marzo de 2022. La medida podría beneficiar a personas señaladas de colaborar con las pandillas, incluso a quienes, según el propio mandatario salvadoreño, son culpables y merecen permanecer en prisión, pero cuyos casos podrían recibir un tratamiento distinto.
Según informó el diario español EL PAÍS el 14 de octubre, Bukele reveló la existencia de una comisión gubernamental que revisa los expedientes de los detenidos y que podría recomendar la liberación condicional de aproximadamente el 50% de esa población penitenciaria. El anuncio se produjo después de una conversación entre Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre cómo combatir la denominada influencia extranjera maligna en la región.
El anuncio genera interrogantes sobre los criterios empleados para decidir quién debe permanecer en prisión y quién podría recuperar su libertad, así como sobre las garantías judiciales aplicadas durante los procesos de detención y juzgamiento.
Cuestionamientos por detenciones y muertes bajo custodia
El régimen de excepción salvadoreño ha sido objeto de denuncias de organizaciones nacionales e internacionales por presuntas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. En su publicación EL PAÍS informó que organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado más de 500 muertes bajo custodia del Estado durante la aplicación de estas medidas.
También se han planteado cuestionamientos sobre los juicios masivos iniciados en enero, en los que se procesa simultáneamente a miles de detenidos. Según testimonios de abogados recogidos por el medio español, existen preocupaciones sobre las posibilidades de defensa de las personas procesadas. La posible liberación anticipada contrasta con el discurso que Bukele ha mantenido durante años para defender su política de seguridad, basada en el encarcelamiento masivo de presuntos integrantes y colaboradores de pandillas.
El mandatario no precisó cuánto tiempo tardará la revisión de los expedientes ni cuándo podría comenzar la aplicación del plan. Tampoco anunció una fecha para levantar el régimen de excepción.
Fernández evita pronunciarse sobre los señalamientos
El anuncio fue consultado a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) el cual está inspirado en el CECOT Salvadoreño. El periodista David Bolaños, de The New York Times, le preguntó cuál era su opinión sobre el plan de Bukele y planteó si la decisión representaba un reconocimiento de los señalamientos de organizaciones de derechos humanos sobre la existencia de miles de personas detenidas arbitrariamente y sin debido proceso en El Salvador.
Ante la consulta, Fernández indicó que no suele opinar sobre las políticas públicas que corresponden a otros presidentes de la región. Añadió que revisaría la propuesta con su equipo para identificar posibles elementos que pudieran resultar útiles para Costa Rica. La mandataria también señaló que esperaba aprovechar su encuentro previsto con Bukele y su equipo de trabajo para conocer otras iniciativas que pudieran beneficiar al país.
Sin embargo, Fernández no se refirió directamente a las denuncias sobre detenciones arbitrarias, las garantías del debido proceso ni los cuestionamientos a la comisión que evaluará los casos de los detenidos salvadoreños.
La presidenta tampoco manifestó una posición concreta sobre si la eventual liberación de miles de personas podría evidenciar problemas en la aplicación del régimen de excepción. Su respuesta se limitó a indicar que estudiaría el plan y valoraría sus posibles beneficios.
En marzo sí se refirió al modelo de Bukele
La postura expresada durante la inauguración del CACCO contrasta con las declaraciones que Fernández ofreció en marzo, cuando todavía era presidenta electa, en una entrevista con el medio internacional DW Noticias. En aquella conversación, la futura mandataria manifestó su admiración por los resultados de la estrategia de seguridad de Bukele y aseguró que su Gobierno replicaría algunos de sus componentes en Costa Rica.
Fernández explicó que su interés estaba centrado principalmente en el control penitenciario y en impedir que las personas encarceladas por narcotráfico y crimen organizado continuaran dirigiendo estructuras criminales desde prisión. La entonces presidenta electa consideró que El Salvador había logrado avances en el combate a las pandillas y destacó la capacidad de su sistema penitenciario para cortar los vínculos de los privados de libertad con las organizaciones criminales en el exterior.
Durante esa misma entrevista, Fernández sostuvo que Costa Rica debía fortalecer el control de sus cárceles y cuestionó lo que consideraba un desequilibrio entre la protección que reciben las personas acusadas de delitos y la atención que se brinda a las víctimas de la violencia. No obstante, también aclaró que no estaba de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos y defendió el respeto a las garantías constitucionales y legales en Costa Rica.
Las declaraciones de marzo muestran que Fernández sí abordó públicamente las políticas de seguridad de Bukele, explicó qué aspectos admiraba y señaló cuáles pretendía adoptar en el país. Ahora, ante una pregunta específica sobre las denuncias de detenciones arbitrarias y la posible liberación anticipada de miles de personas, la presidenta optó por señalar que no suele opinar sobre las políticas públicas de otros mandatarios.
La diferencia entre ambas intervenciones radica en que, mientras en marzo Fernández habló abiertamente de los resultados que atribuía al modelo salvadoreño y de su intención de replicar parte de este, en esta ocasión evitó valorar directamente los cuestionamientos sobre sus posibles fallas.
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