Sindicatos convocan marcha por la educación: esto responde el MEP
Distintos sindicatos, organizaciones sociales y federaciones de estudiantes universitarios convocan para este miércoles 11 de noviembre a una marcha en defensa de la educación pública, que saldrá a las 9:00 a. m. del Parque de la Merced y se dirigirá hacia la Plaza de la Democracia, en San José.
La movilización fue convocada por organizaciones como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), AFUC y el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro), entre otras agrupaciones. Los sindicatos plantean una serie de reclamos relacionados con el financiamiento de la educación pública, las pensiones del magisterio y las condiciones salariales de los trabajadores del sector educativo.
Gilberth Díaz llama a defender la educación pública
El presidente del SEC, Gilberth Díaz Vázquez, hizo un llamado a distintos sectores de la sociedad para que participen en la movilización de este miércoles.
La convocatoria está dirigida no solamente a los trabajadores del sector educativo, sino también al Magisterio Nacional, las federaciones de estudiantes universitarios, jóvenes estudiantes, padres de familia y a la sociedad en general.
El dirigente sindical planteó la marcha como una actividad para defender la educación pública y promover la participación de diferentes sectores vinculados con el sistema educativo nacional.
Gilda Montero enumera los reclamos del Magisterio
Por su parte, la presidenta de ANDE, Gilda Montero Sánchez, explicó que la movilización busca visibilizar varias demandas del sector educativo. Entre los principales reclamos mencionó el cumplimiento de la meta de destinar el 8% del producto interno bruto a la educación pública, el descongelamiento de las pensiones del Magisterio Nacional y el pago de la deuda que, según los sindicatos, mantiene el Gobierno con el régimen de pensiones.
También señaló los pendientes relacionados con los salarios de los trabajadores de la educación y su actualización de acuerdo con el costo de vida. De esta manera, las organizaciones convocantes buscan reunir en una misma movilización sus demandas presupuestarias, salariales y relacionadas con el sistema de pensiones.
¿Qué responde el MEP?
El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, señaló que existe una diferencia entre realizar una marcha o manifestación y convocar a una huelga, por lo que pidió aclarar bajo cuál figura se desarrollará la actividad anunciada por los sindicatos.
Sánchez explicó que, si se trata de una huelga, las organizaciones deben cumplir con los procedimientos establecidos en la legislación. Entre esos requisitos mencionó la obligación de informar al Ministerio de Educación Pública dónde, cómo y cuándo se desarrollará el movimiento, así como identificar a las personas responsables y establecer las medidas para garantizar la continuidad de servicios esenciales.
El jerarca hizo énfasis en que, incluso durante una huelga, deben mantenerse determinados servicios educativos, entre ellos los relacionados con educación especial y comedores estudiantiles. También indicó que los centros educativos deben permanecer abiertos para garantizar la prestación de esos servicios.
Además, sostuvo que las organizaciones sindicales deberán demostrar la afectación económica y social que justifique el movimiento para los trabajadores docentes y administrativos del MEP.
El ministro adelantó que el Ministerio solicitará a la Procuraduría General de la República que, con base en los datos disponibles, gestione ante el Juzgado de Trabajo el análisis de la legalidad de la huelga. Aclaró que no será una decisión que tome directamente el MEP ni los sindicatos, sino que corresponderá a las autoridades judiciales determinar si el movimiento cumple con la normativa. En caso de que la huelga sea declarada ilegal, Sánchez indicó que el Ministerio procederá conforme corresponda.
El jerarca también cuestionó los argumentos planteados por los sindicatos para convocar la movilización. Mencionó tres temas centrales: el supuesto incumplimiento de compromisos relacionados con JUPEMA, la reducción del presupuesto destinado a educación y la transición salarial global. A criterio del ministro, esos argumentos son débiles y no justifican la convocatoria. Además, consideró que detrás del movimiento existe un componente político y cuestionó la credibilidad actual de las organizaciones sindicales.
Finalmente, Sánchez reconoció que una eventual suspensión de lecciones tendría consecuencias para el servicio educativo, debido a la afectación que representaría el cierre de clases.
