Computadoras sin uso y programas cancelados: el grave retroceso en educación digital en últimos tres años
Conclusiones del sector educativo ante los diputados confirman retroceso en educación tecnológica.
Las expertas coinciden en que el origen del retroceso tecnológico ha estado en el Consejo Superior de Educación.
Una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Juventud, Niñez y Adolescencia reunió a representantes de prestigio del ámbtio educativo del país.
Se trató de Eleonora Badilla, Silvia Chacón y Karla Salguero (exviceministra de Educación durante la administración Chaves Robles), representantes del movimiento Mauro Fernández Acuña, quienes expusieron una serie de preocupaciones sobre la crisis de la educación y el desaaprovechamiento de tecnología en el país.
El tema central de la audiencia fue la investigación (expediente 24.593) sobre la no entrega y el desuso de dispositivos electrónicos que estaban destinados a estudiantes. Las expositoras criticaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) por almacenar computadoras en bodegas en lugar de entregarlas a los estudiantes, incumpliendo con los objetivos de programas como Hogares Conectados. Según Eleonora Badilla, esta decisión es «agresiva y violenta» contra los derechos de la niñez y la juventud costarricense, pues impide que los estudiantes accedan a herramientas esenciales para su aprendizaje y desarrollo.
Cierre de programas y la ruptura con la Fundación Omar Dengo
Las comparecientes también señalaron como un retroceso el cierre de programas educativos importantes, como el PRONIE, TecnoAprender, Colegios de Innovación y Robótica, así como la finalización del convenio de más de 30 años con la Fundación Omar Dengo, sin un plan de transición claro.
Este convenio había sido fundamental para la integración de la tecnología en la educación costarricense desde una perspectiva construccionista, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad desde edades tempranas.
Silvia Chacón advirtió que el cierre de estos programas y la falta de un modelo alternativo han generado un retroceso en el uso de tecnología en la educación del país. A pesar de que el MEP presentó en 2023 el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) con la meta de llegar a todas las instituciones educativas en 2028, las comparecientes criticaron que este nuevo plan adopta un enfoque instruccionista, centrado en la capacitación para el mercado laboral, dejando de lado la creatividad y el pensamiento crítico.
«La planificación para que este programa tenga éxito no concuerda con la realidad, pues se ha roto con el paradigma construccionista sin considerar la formación docente ni la coherencia educativa necesaria», explicó Chacón.
Decisiones unilaterales de la ex ministra Müller y falta de transparencia
La diputada Kattia Rivera Soto expresó su indignación por el manejo administrativo del MEP, señalando que la exministra Katharina Müller ordenó el archivo de la investigación administrativa contra la exdirectora de Recursos Tecnológicos. «Para mí es sumamente molesto, después de conocer el impacto negativo que ha significado este retroceso en la educación con tecnología, ver cómo la ex ministra Müller salva de sanción a la ex jefa de recursos tecnológicos», declaró la legisladora verdiblanca.
Según la diputada, esta acción refleja una inoperancia dentro del ministerio que ha frenado el desarrollo tecnológico en las aulas. Además, cuestionó que la exministra justificara la retención de dispositivos bajo el argumento de que evitaría la adicción a la tecnología. «Con estas acciones, queda claro que la visión del MEP bajo su liderazgo era completamente prehistórica», agregó.
Eleonora Badilla reforzó esta postura al señalar que el problema no es solo la salida de Müller o de la exdirectora de Recursos Tecnológicos, sino que el verdadero origen del retroceso está en el Consejo Superior de Educación. «Se han ido la ministra, el viceministro y la directora, pero el Consejo sigue ahí. Es el Consejo quien cerró no solo el convenio con la Fundación Omar Dengo, sino también los programas de robótica y los colegios de innovación, sin ningún criterio técnico ni plan de sustitución», afirmó Badilla.
Asimismo, criticó que el PNFT, a pesar de mencionar términos como creatividad, inteligencia artificial y pensamiento computacional, en la práctica es un programa «instruccionista y economicista», diseñado únicamente para preparar a los estudiantes para el mercado laboral sin potenciar habilidades cognitivas avanzadas. «Esto nos hace entrar en un círculo vicioso de la pobreza, perpetuándolo en lugar de combatirlo», concluyó.
El papel del Consejo Superior de Educación y la falta de rendición de cuentas
Los diputados presentes en la audiencia del pasado 18 de febrero también cuestionaron el rol del Consejo Superior de Educación, órgano responsable de orientar el sistema educativo del país. Según las comparecientes, este consejo ha tomado decisiones sin criterios técnicos y sin una visión a largo plazo, afectando negativamente la educación costarricense.
«La responsabilidad final recae en el Consejo Superior de Educación, que cerró estos programas sin ninguna planificación ni justificación real. No puede ser que una entidad con tanto poder de decisión actúe de manera improvisada», enfatizó Eleonora Badilla.
Llamado a un acceso equitativo a la educación digital
Las comparecientes concluyeron que la reducción del presupuesto educativo al 4.9% del PIB, el nivel más bajo en 20 años, junto con las malas decisiones administrativas, están agravando la desigualdad en el acceso a la tecnología educativa. Advirtieron que la falta de acceso a estos recursos está perpetuando los círculos de pobreza y desigualdad social en el país.
«Cuándo pobreza y desigualdad se juntan, entonces el desánimo invade a la población y los abordajes institucionales para atenderla se vuelven más lentos y complicados», afirmó Silvia Chacón.
Finalmente, el movimiento Mauro Fernández instó a los legisladores a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso equitativo a la educación digital, restaurar programas efectivos y asegurar que las futuras políticas educativas sean planificadas con una visión de desarrollo a largo plazo.
