Presupuesto de universidades públicas desata polémica: conozca todos los detalles

Varias mociones presentadas por el partido oficialista Pueblo Soberano ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa encendieron las alertas de las universidades públicas por posibles reducciones de recursos para el financiamiento de la educación superior.

Las propuestas, relacionadas tanto con el segundo presupuesto extraordinario de 2026 como con el presupuesto ordinario de 2027, contemplan rebajas que afectarían recursos destinados a las universidades públicas, incluidos fondos vinculados con sedes regionales y compromisos pendientes del Estado.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, advirtió que las mociones representan una reducción cercana a los ₡26.000 millones para las universidades públicas.

Los rectores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la UNA manifestaron su preocupación por las consecuencias que podrían tener estas medidas en la operación de los centros educativos, la apertura de cupos y las oportunidades de estudio fuera de la Gran Área Metropolitana.

Rectores alertan por recortes y posibles consecuencias para las regiones

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, calificó la situación como grave para la educación superior pública y especialmente preocupante para esa universidad, cuya modalidad a distancia le permite ofrecer oportunidades educativas en distintos puntos del territorio nacional.

Arias explicó que la institución utiliza la totalidad de los recursos disponibles para cumplir sus funciones y mantener sus servicios. Por ello, advirtió que la eliminación de fondos podría obligarla a realizar recortes importantes en su funcionamiento.

El rector señaló que la universidad cuenta con los recursos contemplados en el presupuesto extraordinario para terminar adecuadamente el año. Sin embargo, alertó que, si esos fondos se eliminan, la institución podría enfrentar dificultades para concluir 2026 y limitar la recepción de nuevos estudiantes en 2027.

También cuestionó que algunas mociones pretendan eliminar recursos relacionados con acuerdos de la Comisión de Enlace suscritos en noviembre del año anterior. Según explicó, esos compromisos estaban vinculados con la recuperación de fondos postergados que habían sido incorporados tanto en el presupuesto extraordinario como en el ordinario.

Arias advirtió que las consecuencias podrían afectar las becas y las oportunidades de formación para estudiantes de comunidades rurales, zonas costeras, fronterizas y poblaciones indígenas, donde la UNED mantiene presencia.

Por su parte, el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, señaló que las mociones también pretenden reducir recursos para el recinto de Paraíso, fondos pendientes que el Gobierno adeuda desde años anteriores y partidas destinadas a unidades de matemática y a la Feria Científica.

Araya cuestionó que, mientras se promueve el fortalecimiento de las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), se planteen reducciones que podrían afectar esos mismos programas y la regionalización universitaria.

El rector de la UNA y presidente de CONARE, Jorge Herrera, advirtió que una de las principales preocupaciones está relacionada con los recursos que permiten operar las sedes regionales.

Herrera explicó que las universidades han trabajado en la apertura de nuevas carreras y en el aumento de cupos para que el lugar de residencia no determine las oportunidades educativas de una persona. Sin embargo, señaló que esos esfuerzos requieren recursos para mantenimiento de equipos, compra de activos y funcionamiento de las instalaciones. Como consecuencia, indicó que la UNA tendría que echar atrás la apertura de 417 cupos en carreras de ingeniería que estaban previstos en sedes regionales, entre ellas Joya, Liberia, Moto y Sarapiquí.

¿Qué responde el MEP?

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, rechazó las advertencias de la rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, sobre un posible cierre técnico de la sede de Limón si se aprueban los recortes presupuestarios. Sánchez calificó las declaraciones de Estrada como una actuación política y sostuvo que la advertencia busca generar preocupación entre los estudiantes y la población limonense. El jerarca aseguró que, según los datos que maneja, el TEC cuenta con recursos disponibles que deben ser considerados antes de atribuir el riesgo de cierre a las mociones presupuestarias.

El ministro afirmó que el TEC dejó sin utilizar ₡11.000 millones durante el año anterior y que disponía de más de ₡20.000 millones en efectivo e inversiones de corto plazo. Además, señaló que, a octubre de este año, la institución todavía mantenía más de ₡20.000 millones sin utilizar.

Con base en esas cifras, Sánchez argumentó que la reducción cuestionada representa menos del 1,7 % del dinero disponible en efectivo e inversiones de corto plazo y menos del 0,8 % del presupuesto total que recibe el TEC del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El jerarca sostuvo que la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la sede también recae en las autoridades universitarias, a quienes pidió explicar el manejo de los recursos disponibles.

Sánchez extendió sus cuestionamientos a las declaraciones de otros rectores y aseguró que, a su criterio, la situación es similar en otras universidades públicas. Su posición contrasta con las advertencias de los responsables de las instituciones, quienes sostienen que los recortes podrían afectar el funcionamiento de sedes, programas y nuevas oportunidades de estudio.

Diputados de oposición presentan mociones para defender recursos

Ante la discusión presupuestaria, legisladores de oposición anunciaron acciones para intentar frenar algunas de las rebajas planteadas y trasladar recursos hacia educación, seguridad y cultura.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Mangell McLean, informó que presentó una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para mantener los recursos destinados al TEC de Limón y evitar que la sede enfrente un eventual cierre. El legislador manifestó su respaldo a los estudiantes, sus familias y el personal docente y administrativo, y aseguró que se mantendrá vigilante desde la Asamblea Legislativa para defender el financiamiento de la educación superior en la provincia.

Por su parte, la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles presentó doce mociones al presupuesto ordinario de 2027 para reorientar recursos hacia prioridades como la educación pública, la seguridad ciudadana y el desarrollo cultural.

Entre sus propuestas figura incorporar el incremento del 2,94 % del FEES solicitado por CONARE, equivalente a cerca de ₡17.500 millones. Dobles también planteó reducir ₡1.793 millones en gastos administrativos de Casa Presidencial, incluidos recursos para asesores, drones, vehículos, alquileres y viáticos, para trasladarlos a programas de atención de delitos sexuales en el Poder Judicial.

Además, propuso eliminar nueve plazas de asesores del Ministerio de la Presidencia para destinar ₡150 millones al Festival Internacional de Cine. Otra de sus iniciativas busca rebajar ₡70 millones del presupuesto de publicidad y propaganda del Ministerio de Comunicación para fortalecer el Programa Ibermedia y el Fondo Fauno, vinculados con la producción audiovisual y cultural. Las mociones se mantienen dentro del proceso de discusión presupuestaria en la Asamblea Legislativa, donde se definirá cuáles propuestas reciben respaldo y qué recursos quedarán finalmente asignados a las universidades públicas para 2026 y 2027.

brandonsegurarojas@gmail.com

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