Todo lo que está pasando con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica

El pasado 10 de noviembre, durante la sesión ordinaria 132 del Concejo Municipal de San José, los regidores aprobaron una moción para suspender cautelarmente a la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica y nombrar una junta interventora mientras se desarrolla una investigación sobre la gestión del órgano actual.

Ante esta situación, La Reacción se trasladó hasta la Municipalidad de San José para conocer las razones de la decisión y las implicaciones que tendrá para el centro educativo.

Alcalde Diego Miranda se refiere a la decisión

En primera instancia, consultamos al alcalde de San José, Diego Miranda, quien explicó que la decisión corresponde al Concejo Municipal y no directamente a la Alcaldía. Miranda señaló que el nombramiento de las juntas administrativas es una competencia del Concejo Municipal y que la administración municipal, encabezada por la Alcaldía, no interviene en esas decisiones. Por esa razón, recomendó dirigir las consultas a los regidores que aprobaron la moción.

Presidente del Concejo explica el proceso

Posteriormente, conversamos con el presidente del Concejo Municipal, Rafael González, quien explicó que la decisión se tomó a partir de una recomendación de un órgano director que investiga la situación de la Junta Administrativa. González aclaró que la junta actual no queda suspendida formalmente hasta que sus integrantes sean notificados. Mientras se completa ese procedimiento, el Concejo acordó nombrar una junta interventora para que pueda asumir las funciones correspondientes.

El jerarca municipal indicó que no podía revelar los detalles de la investigación, pero explicó que el procedimiento busca determinar si existieron irregularidades. El resultado podría descartar responsabilidades o derivar en medidas que van desde amonestaciones hasta una suspensión o destitución.

También rechazó que la investigación esté relacionada con las disputas sobre el proyecto de Ciudad Gobierno. Aseguró que las investigaciones contra las juntas deben responder a denuncias sobre asuntos en los que el Concejo tenga competencia, como posibles irregularidades en el manejo de fondos.

Además, detalló que la Municipalidad de San José traslada recursos a las juntas de educación y administrativas mediante el 10% del impuesto sobre bienes inmuebles. Según explicó, esos giros ya se acercan a los ₡1.400 millones anuales, por lo que el gobierno local tiene la obligación de fiscalizar su utilización. González agregó que el órgano director deberá recibir a los integrantes de la junta, investigar los hechos y presentar una recomendación. Al final, el Concejo Municipal podrá acogerla o apartarse de ella.

Presidenta de la junta asegura que no ha sido notificada

La Reacción también conversó con Idalia Rivera Alvarado, presidenta de la Junta Administrativa señalada, quien aseguró que la decisión la tomó por sorpresa, pues afirmó que sus integrantes no tenían conocimiento de que existiera un procedimiento en su contra. Rivera indicó que, al momento de la entrevista, no había recibido ninguna notificación formal ni comunicación electrónica sobre la investigación o la suspensión.

Asimismo, defendió la gestión del órgano que preside y aseguró que los informes económicos se encuentran al día, que la documentación está disponible en las oficinas de la junta y que nunca se han negado a entregar información. La presidenta afirmó que el equipo jurídico ya estaba tomando las medidas necesarias para responder ante la decisión municipal.

Repase el primer avance de nuestro reportaje en el siguiente enlace.

Gobierno estudiantil lanza fuertes acusaciones

La situación también provocó una reacción del Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica. Su presidente, Dave Alessandro Sotelo, aseguró que los estudiantes exigen transparencia y explicaciones sobre la gestión de la Junta Administrativa presidida por Idalia Rivera. Sotelo afirmó que las inquietudes estudiantiles no se basan en rumores, sino en documentación y comprobantes que, según explicó, merecen ser revisados por las autoridades.

Entre los cuestionamientos mencionó el supuesto retiro de actas y documentos institucionales de las instalaciones del colegio, así como un comprobante bancario por ₡1.000 relacionado con el pago de parqueo, cuyo destinatario aparece como Idalia Rivera.

El representante estudiantil cuestionó que esos recursos pudieran estar ingresando a una cuenta personal y pidió aclarar quién autorizó ese mecanismo, cuánto dinero se ha recaudado y cuál ha sido su destino. Se trata de señalamientos planteados por el Gobierno Estudiantil que deberán ser valorados por las autoridades competentes. Sotelo también pidió que los integrantes de la Junta Administrativa reciban las notificaciones correspondientes para que la investigación pueda avanzar. Aclaró que solicitar que se sometan al procedimiento no significa considerarlos culpables de las posibles irregularidades.

Además, expresó preocupación por las consecuencias que la falta de notificaciones y la transición hacia una junta interventora podrían tener sobre los pagos y trámites urgentes del centro educativo. El presidente estudiantil rechazó que los alumnos estén siendo manipulados y defendió su derecho a participar y pedir explicaciones sobre las decisiones que afectan a la institución.

También puedes repasar las declaraciones completas del presidente estudiantil en el siguiente enlace.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y reportero durante 23 años de temas polítcos y económicos. Docente en varios universidades y fundador de La Reacción en el 2021.

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