Asociaciones de Desarrollo temen otro baile del Gobierno con el Impuesto al Cemento

Por Luis Eduardo Araya Hidalgo.

El autor es abogado de profesión y Egresado de la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Docente Universitario, con experiencia en el Sector Comunitario, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebradilla, Central, Cartago.

 

 

“Mientras los costarricenses se encuentran en los preparativos para el cierre del año 2020 a la espera de recibir con mucha esperanza un nuevo año, el sector comunal vigila sus cuentas bancarias a la espera de los recursos provenientes de la Ley N° 9829: “Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional”.

Esta ley es referente al impuesto sobre el cemento producido en territorio nacional o importado. Los recursos asignados por esta ley a la provincia de Cartago (que es nuestro caso) son vitales para la obra comunitaria.

El numeral 7 de le Ley 9829 establece la distribución de los recursos y del porcentaje asignado a la provincia de Cartago,  un diez por ciento (10%) distribuido, por partes iguales, entre las asociaciones de desarrollo integral de la comunidad de la provincia de Cartago, para obras comunales.

Esos recursos al día de hoy 29 de diciembre 2020, NO se nos han depositado. Lo que significa que TODAS LAS COMUNIDADES que tengan una Asociación de Desarrollo Integral en la provincia de Cartago se ven afectadas para ejecutar obras comunales. “Señoras y señores sin cacao no hay chocolate”.

Consecuencias simples de no girar esos recursos, menos aceras, caminos, alcantarillados, mantenimiento de infraestructura comunal en su comunidad, estamos destinados a ir lento hacia un precipicio y seguimos sin ver la ansiada reactivación económica lo que genera mayor desempleo en nuestras comunidades pues no podemos contratar, porque el gobierno no nos gira los recursos económicos que por legalidad son nuestros.

Durante el año 2019 para nuestra Asociación de Desarrollo Integral de Quebradilla por concepto de Impuesto al Cemento ingresó un total de  ¢4.119.026 colones.

En el año 2020, no ha ingresado ningún colón a nuestra cuenta bancaria por concepto de ese mismo impuesto. Ello nos deja sin recursos para trabajar el año 2021.

Días atrás reclamábamos los recursos provenientes del Impuesto de Renta e informamos que entró un depósito aproximado a los ¢445 000 colones. Esperamos más transferencias por concepto de este mismo impuesto, porque los recursos depositados no alcanzan ni para pagar servicios públicos del año 2021.

Cabe destacar que para el ejercicio económico 2019 nos depositaron ¢5.342.236 colones por concepto del Impuesto de Renta para atender las necesidades de los años 2019 y 2020.

No nos debe extrañar entonces cuando en el país veamos en las comunidades sus salones comunales, cementerios y parques a oscuras, ¡qué triste será ver las canchas de fútbol llenas de maleza al igual que las áreas verdes y de ornato¡, porque no hay recursos para mantenimiento.

Cuando vecinos reclamen a los comunalistas, la respuesta será sencilla: “el gobierno de Don Carlos Alvarado sepultó al sector comunal”.

Es una lástima que las organizaciones de bases comunitarias  que han levantado los pilares del desarrollo desde hace muchas décadas atrás sean castigadas de esta forma y conociendo las necesidades tan fuertes en nuestras comunidades.

Las Asociaciones de Desarrollo no tenemos que estarle rogando a un Ministro de Hacienda ni a un Presidente de la República para que nos depositen los recursos que por LEY deben ser asignados, ¿o es que el ordenamiento jurídico costarricense es de índole dictatorial, donde no importa la legalidad ni la norma sino lo que diga un tomador de decisiones irrespetando la legalidad que, por juramento, juró respetar?

El sector comunal necesita los recursos que por legalidad le competen. No es un favor al sector sino el cumplimiento de un mandato legal. En fin, el daño no se hace a las Asociaciones de Desarrollo sino a los habitantes de cada comunidad que no podrán recibir ni disfrutar las obras comunales que merecen”.