De nuevo un acuerdo con el FMI
Por: Lic. Rafael A. Calderón Fournier
Vivimos momentos difíciles en los que la suma de las crisis económica, social, sanitaria, política y educativa pone en riesgo la estabilidad de nuestro país e incrementa el peligro de que se produzca un enfrentamiento social.
Las cifras oficiales nos señalan que en menos de un año el desempleo creció, a finales del 2019 se calculaba en un 13%, y hoy se proyecta un 30% para fin de año. Por otro lado, mientras que en el 2019 se enfrentaba un déficit fiscal equivalente al 7% del PIB, hoy la proyección arroja un 10% de déficit del PIB para finales de 2020, lo que nos lleva a adoptar medidas urgentes en el campo económico que afectarán a todos los sectores.
La reactivación económica tiene que ir necesariamente de la mano de la generación de empleo y la atención a la crisis sanitaria y social que estamos viviendo, pues el objetivo debe ser avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, capaz de proporcionar a los habitantes del país una mejor calidad de vida y bienestar.
En 1990 heredamos un déficit fiscal del sector público consolidado cercano al 8% el PIB, situación que se veía agravada por la falta de divisas y los altos índices de pobreza (21%), lo que obligó a tomar medidas que iban desde el control del gasto público, el aumento en el impuesto de ventas y la negociación para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Todas las medidas tenían como propósito crear las condiciones necesarias que permitieran generar un clima de confianza que atrajera la inversión y con ello la reactivación económica. Decisiones dolorosas pero necesarias para levantar nuestra economía.
La experiencia me dice que es fundamental llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para generar confianza en el sector productivo en general. En el pasado el FMI condicionó el acuerdo a que el gobierno se comprometiera a la reducción del déficit fiscal; posiblemente el gobierno deberá presentar, al igual que lo hicimos nosotros, las medidas para alcanzar esta meta y el compromiso de llevarlas a cabo.
La relación con el FMI se desarrolló en un ambiente de respeto y cumplimiento de los compromisos adquiridos, las medidas de austeridad que se implementaron lograron crear el clima de confianza que se buscaba y permitió llevar a nuestro país a un crecimiento económico del 7.7 del PIB en 1992 y de 6.7 en 1993, logrando para finales de ese mismo año que el déficit fiscal del sector público consolidado bajara a un 1% del PIB.
Hoy las circunstancias se ven agravadas por la crisis sanitaria, el creciente descontento popular, el aumento en la pobreza, el debilitamiento de las instituciones y la incertidumbre que genera la falta de acuerdos políticos que faciliten la implementación de políticas que van desde el control de gasto público hasta la revisión de las exoneraciones, la evasión fiscal y la reingeniería del Estado, con todo lo que esto conlleva.
Mientras todo lo anterior se pone en marcha, es imperativo atender las necesidades urgentes de la población menos favorecida no solo con el Bono Proteger y los diarios sino apoyando a las PYMES y los emprendimientos que al día de hoy hay podido llevar el sustento a miles de familias, a pesar de las ineficiencias y entrabamientos burocráticos que les obligan a realizar complicados y onerosos trámites para trabajar dentro de la legalidad.
La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la piedra angular sobre la cual se puede reactivar la economía, siempre y cuando fijemos una ruta en la que nos obliguemos a cumplir los compromisos adquiridos con el FMI y estemos dispuestos a generar los cambios que requiere nuestra economía para retomar el camino del progreso. En esta tarea el Gobierno no puede ni debe estar solo, necesita del concurso de todos los sectores que asuman su cuota de responsabilidad y sacrificio.
