Gasolineros y transportistas fustigan plan para atenuar precio de los combustibles

• Sector valora tomar medidas legales para impedir aprobación del proyecto, el cual consideran es una sanción económica a las estaciones de servicio

La Cámara de Empresarios del Combustible manifestó, este lunes en conferencia de prensa, su oposición absoluta al contenido del proyecto de ley denominado Ley para atenuar los efectos sobre el precio de los combustibles y sus consecuencias producto del conflicto bélico Rusia-Ucrania.

Las autoridades de la Cámara consideran que el plan revela un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles, además de que la presentación de la iniciativa se hizo en forma autoritaria.

Para el director ejecutivo de la Cámara, José Miguel Masís, esta iniciativa representa una sanción económica para las estaciones de servicio pues se cercena la cuarta parte de sus ingresos totales.

Entre las fallas halladas en el análisis de dicha propuesta la Cámara de Empresarios del Combustible indica las siguientes:

• El ministro de Hacienda y el presidente de la República creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el BRENT (europeo), cuando lo correcto son los precios cotizados con referencia al WTI (EE. UU.).

• Tanto el jerarca de Hacienda como el mandatario consideran que el margen de distribución es porcentual respecto al precio al consumidor, pero ignoran que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo tanto, es un monto fijo en colones por litro.

• Ambos funcionarios sostienen que el margen de distribución ingresa íntegro a las cuentas de bancos, sin saber que, de ese margen de distribución, se deben pagar todas las obligaciones como salarios, cargas sociales, costos operativos, servicios, cánones, impuestos, mantenimiento, préstamos y otros.

La iniciativa de ley pretende incautar el 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ente técnico que utiliza un modelo de costos para determinar los costos operativos y la inversión requerida para prestar el servicio de distribución.

Consecuencias

Para las autoridades de la Cámara de Empresarios del Combustible la iniciativa que impulsa el Gobierno perjudica al sector, porque se hará una confiscación de dos veces el capital de trabajo de una estación de servicio promedio.

Además, para los empresarios significaría devolver el margen de distribución 10 años atrás, pero con los costos actuales de operación, lo cual representaría un impacto mayor a lo experimentado en plena pandemia durante el 2020.

Según afirman los gasolineros, este plan pretende incautar recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o al pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, planta y equipo. Esto equivaldría a que la sanción económica implica 3,3 veces más el impuesto de renta que pagan en promedio las estaciones de servicio y el transporte.

En caso de que el proyecto reciba el aval legislativo, se retrotraerían los márgenes de distribución a más de una década, llevándolos a ₡42,51 con la salvedad de que hace 10 años eran menos estaciones, los volúmenes de venta eran mayores y los costos operativos mucho menores.

De acuerdo con lo que plantea el plan propuesto por el Gobierno, en estaciones de servicio se disminuiría el margen actual de comercialización en ₡14,17 al pasar de ₡56,68 a ₡42,51; mientras que en transporte la pérdida sería de ₡3,19 pues se pasaría de ₡12,76 a ₡9,57 en promedio.

Finalmente, en Recope el precio pasaría de ₡10,97 RSBT a ₡2,20; es decir, ₡8,77 menos.

Medidas

Según las autoridades de la Cámara esta pírrica reducción en las tarifas no genera impacto sustancial en los precios de los combustibles y destruye las economías de los sectores de distribución de combustibles.

Para el sector, lo que realmente impactaría el precio es la congelación del incremento presentado días atrás motivado por la reacción del mercado internacional ante los impactos de la guerra Rusia-Ucrania.

Por ello, José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara, dijo que valoran algunas medidas para impedir la aprobación del proyecto.