Plan legislativo liberaría la infraestructura educativa del control de las Juntas de Educación

• Iniciativa del diputado liberacionista Danny Vargas busca crear en cada gobierno local una Junta de Equipamiento e Infraestructura Educativa Municipal (JEIEM).
• Para el financiamiento de proyectos se les asignará a las municipalidades al menos un 1,5% anual del total del rubro presupuestario del MEP.

Un proyecto de ley impulsado por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas, pretende trasladar la competencia plena y exclusiva de la atención del equipamiento e infraestructura educativa a las municipalidades.

Actualmente, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) brinda asesoría técnica a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas para ejecutar proyectos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de infraestructura educativa, así como su amueblamiento y la dotación de mobiliario.

Los proyectos de mejoramiento o ampliación de la planta física de las escuelas y colegios se financian mediante transferencia de capital a las juntas educativas o administrativas, incluidas en el presupuesto nacional, por medio del programa presupuestario 554 Infraestructura Educativa, adscrito al MEP.

Al 30 de junio de 2021, las juntas inscritas al Ministerio de Educación Pública superaban las 4.000 y este sistema provoca el atraso en la atención de las obras.

Hay que sumarle más de 266 órdenes sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número  de centros educativos, con una espera de más de 400 proyectos para la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en caja única del Estado, de más de ¢20 mil millones asignado a las juntas, a la espera de su ejecución.

Insuficiente

Para atender toda esta carga de trabajo, la DIEE cuenta con 113 funcionarios: ingenieros, arquitectos, abogados, administrativos y de apoyo administrativo, entre otros, lo cual, evidentemente, es insuficiente.

La solución para estar al día con la atención de todos los centros educativos es liberar a las juntas de esta responsabilidad.

Dichas juntas están conformadas por personas de la comunidad que entregan su tiempo ad honorem, en la mayoría de los casos, sin conocimiento de la Ley de Contratación Administrativa y sin los conocimientos básicos en la ingeniería y arquitectura para llevar a cabo proyectos de mejoras o ampliaciones en la planta física y equipamientos de los centros educativos.

Para evitar estas contrariedades, se trasladaría la competencia a las municipalidades para que tengan como norte la ejecución de los proyectos de infraestructura y equipamiento, que lo puedan trabajar desde lo local, según sea su complejidad técnica, financiera o por su ubicación geográfica, y planificar su desarrollo de una forma más tecnificada, sin depender de los vaivenes de los miembros de las juntas o cambios en la jerarquía del Ministerio de Educación Pública.

La transferencia de la competencia y sus recursos, aprovecha la capacidad instalada en las municipalidades como las proveedurías, dirección de obras y personal altamente preparado, calificado y especializada en la contratación de obra pública, muy diferente del quehacer diario del MEP, así como la experiencia en apoyo a las reparaciones, mantenimiento y otras obras de los centros educativos de su territorio.

Así lo explicó la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, quien agregó que espera que la iniciativa prospere en el seno legislativo.

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