Diputado Danny Vargas: “La Dirección de Infraestructura no desaparecería”

• El diputado liberacionista, proponente de la iniciativa, asegura que la DIEE se mantendría vigente en la definición de planes, programas y planes de equipamiento e infraestructura educativa.
• La iniciativa trasladaría a municipios la competencia de ejecución de obra pública.

El legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas, impulsa un proyecto para trasladar la competencia plena y exclusiva de la atención del equipamiento e infraestructura educativa a las municipalidades.

El diputado verdiblanco rechazó que esto implique la desaparición o pérdida de competencias de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), pues afirma que ésta seguirá vigente en la definición de planes, programas y proyectos de este tipo.

Además, explicó cómo se distribuirían los fondos en caso de aprobarse la iniciativa que, en estos momentos, está en la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

La Reacción profundizó con el diputado acerca de las soluciones que podría traer la iniciativa legislativa.

¿Qué objetivo persigue este proyecto de ley?

“La presente ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada”.

¿Qué pasaría con la DIEE? Se menciona en el proyecto que el personal de esta dirección es insuficiente para atender la carga de trabajo de las Juntas inscritas ante el MEP.

“La DIEE se mantiene vigente, ya que el MEP sigue teniendo la competencia de definir los planes, programas y proyectos de infraestructura y equipamiento educativo. Este proyecto lo que pretende trasladar a los Gobiernos Locales es la competencia de ejecución de obra pública relacionada con la atención del equipamiento y la infraestructura educativa”.

• De hecho, las juntas de educación generalmente están integradas por personas sin conocimientos de contratación administrativa, ingeniería y por ello algunas veces se cometen errores en la ejecución de proyectos.

¿El proyecto corregiría esto?

“Así es, el proyecto pretende quitarle esa responsabilidad a las Juntas de Educación y trasladarle esa responsabilidad a una Unidad Técnica (como sucede actualmente con la infraestructura vial cantonal). Esto mejoraría sustancialmente la capacidad de gestión en temas administrativos como presupuesto, contratación administrativa, análisis de factibilidad, diseño constructivo, fiscalización, entre otros”.

Al transferir esta carga de trabajo a las municipalidades, ¿están en capacidad los gobiernos locales de afrontar este reto?

“Cuando se aprobó la primera ley de transferencia de competencias (relacionada con la infraestructura vial cantonal) también se dio la discusión de si las Municipalidades tenían la capacidad de asumir esa tarea. El tiempo nos ha dado la razón en que siempre y cuando existan recursos los Gobiernos Locales pueden ejecutar y llevar a cabo este tipo de proyectos”.

¿Cuál es el panorama actual de la infraestructura educativa?

“Según el informe sobre Infraestructura en Escuelas y Colegios Públicos del 2019 del Ministerio de Educación Pública, existe una creciente demanda de aulas. Así, para el año 2007, se utilizaban 31.520 aulas y ya para el año 2019 se da un aumento de 9.540, lo que da un total de 41.060 aulas utilizadas.

“Del total de aulas, de las que se encuentran destinadas a la educación primaria, el 15,2% no se encuentra en óptimas condiciones. De las destinadas a preescolar, solo el 86,1% se encuentra en buenas condiciones y el restante 13,9% no está en buenas condiciones. De las destinadas a educación especial, el 12,8% no cuenta con una infraestructura adecuada y, de las destinadas a la educación secundaria, solo el 89,2% se encuentra en buenas condiciones, lo que indica que el 10,8% de las aulas no son adecuadas para impartir lecciones.

“Con respecto a otros espacios físicos como gimnasios, comedores, bibliotecas, cubículos, talleres, salas de profesores y laboratorios, para la educación primaria de 8.125 espacios en total, solo 7.068 se encuentran en buenas condiciones, lo que indica que el 13,1% de estos no están aptos para su funcionamiento. Los destinados para la educación secundaria tienen en total 5.010, de los cuales 4.249 se encuentran en buenas condiciones. Se deduce que el 15,2% no está en las mejores condiciones.

“En relación con los servicios sanitarios, lavatorios, piletas, lavamanos o bebederos y duchas, para la educación primaria, se encuentran en buen estado el 87,3%, por lo que el restante 12,7% no tiene las condiciones óptimas. Para la educación secundaria se encuentra en buen estado el 91,5%, lo que deja un 8,5% en mal estado. Con respecto a la infraestructura de los servicios sanitarios, el 7,55% tiene alcantarillado, el 90,8% posee tanque séptico, el 0,3% tiene salida directa a acequia, zanja, río o estero, un 1,3% es de hueco, pozo negro o letrina y el 0,05% (2 instituciones) no cuentan con servicio sanitario.

“Es necesario destacar que, para la educación primaria, el acceso al agua potable es solo del 58,7%; el restante 41,3% su acceso es por medio de hidratantes (8,1%), pozos (6,6%), ríos o quebradas (1,2%), camiones cisterna (0,2%) o del todo no tienen (0,1%).

“En el caso de la educación secundaria, el 66,7% tiene acceso a agua potable; el restante 33,3% su acceso es por medio de pozos (4,6%) o río y quebradas (2,2%). Se debe resaltar que, aunque algunas instituciones poseen agua por medio de Acueductos y Alcantarillados (AyA), acueductos municipales, cooperativas o asadas, estos no cuentan con adaptaciones para el acceso total a este bien”.

¿Cómo se financian hoy los proyectos de infraestructura educativa?

“Por medio de transferencias de capital a las juntas educativas o administrativas, a través del presupuesto nacional, mediante el Programa Pesupuestario 554 Infraestructura Educativa, adscrito al MEP. Los fondos, al trasladarse a las cuentas de las juntas, mantienen su vigencia año tras año hasta que se ejecute el proyecto”.

Dentro del proyecto se menciona la incapacidad del MEP y la DIEE para invertir en infraestructura educativa. ¿Por qué?

“La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, en sus diferentes informes sobre la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), ha evidenciado la falta de control interno, las debilidades, la falta de procedimientos que afectan a esta dirección, esto queda evidenciado por ejemplo en los informes 19-19 y 31-18 de la Auditoría Interna, donde se indica que:

“…se evidencia un débil sistema de control interno, que impacta en forma negativa el cumplimiento de los objetivos institucionales”.

“En esa revisión se detectaron debilidades relacionadas con la asignación de responsabilidades a los funcionarios, ausencia de un plan estratégico que dé sentido de dirección y orientación, para generar sinergias en todo el personal para la obtención de sus objetivos.

“Por su parte, en el informe 02-21 se revela cómo se han adquirido 44 lotes entre 2014 y 2019 que no tienen algún proyecto de construcción asociados, y que representan una inversión de ¢7,900 millones sin reparo de lo que establece la Contraloría General de la República.

“Además, ante la falta de controles, los profesionales externos contratados por las Juntas de Educación y Administrativas no atienden las observaciones que se registran en el Sistema de Administración de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), las cuales deben ser subsanadas para evitar poner en riesgos a los niños, jóvenes, y demás miembros de la comunidad educativa.

“Otra situación preocupante es la cantidad importante de proyectos que están siendo trasladados al Departamento de Contrataciones, sin que exista a la fecha una estrategia o cursos de acción real de cómo serán atendidos estos proyectos que llevan varios años en espera de ser concluidos. Como parte de esta revisión se detectaron proyectos que presentan diferencias importantes entre los presupuestos elaborados por los profesionales externos y revisados por los profesionales formuladores de la DIEE, contra los costos finales de los proyectos.

“A su vez, no es posible para la Administración rendir cuentas cuando no tiene certeza de la cantidad y el estado de los proyectos de infraestructura, se carece de una herramienta de información que recoja de forma clara, precisa y completa, que permita dar una trazabilidad a cada proyecto”.

En caso de aprobarse el proyecto, ¿cómo se distribuirían los fondos entre los gobiernos locales?

“De aprobarse tal y como está el proyecta, se distribuiría de la siguiente manera:

La suma anual asignada en el presupuesto ordinario de la República a los gobiernos locales será girada directamente, en tiempo y forma, a las municipalidades por la Tesorería Nacional según calendario de pagos definido de acuerdo con los siguientes parámetros:

a)           Un treinta por ciento (30%) según calificación en la dimensión educativa del índice de desarrollo social, de manera inversamente proporcional, para que las municipalidades con menor calificación en la dimensión educativa del índice de desarrollo social obtengan más recursos.

b)           Un treinta y cinco por ciento (35%) proporcionalmente según la extensión de metros cuadrados de construcción de centros educativos debidamente inventariados por el gobierno local y registrados en el Ministerio de Educación Pública.

c)           Un veinte por ciento (20%) proporcionalmente según la población educativa del cantón.

d)           Un quince por ciento (15%) por partes iguales entre todas las municipalidades.

“Las municipalidades podrán disponer para gastos administrativos al menos de un diez por ciento (10%) y no más de un 40% del monto que se les transfiera para la atención de la competencia establecida en la presente ley, con base a lo que establece el artículo 102 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril 1998”.

¿Cómo evitar casos de corrupción con los recursos que se destinarían a centros educativos?

“Todos los recursos están sujetos a diversos controles administrativos y la respectiva rendición de cuentas. Es importante destacar que el proyecto (al igual que en la primera ley de transferencia de competencias) establece las Juntas de Equipamiento e Infraestructura Educativa Municipal las cuales tienen representación del Gobierno Local y del MEP”.

Finalmente, ¿cómo ha encontrado el ambiente en el Congreso para la aprobación del proyecto?

“El proyecto acaba de ingresar a la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, se someterá a un proceso de consultas y audiencias con el objetivo de sensibilizar a los demás legisladores sobre la importancia de esta iniciativa”.

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