(Tercera entrega) (Video) Nueve proyectos de ley en 25 años no han podido bajar el precio de los medicamentos
Dos diputadas del PUSC lo intentan de nuevo e impulsarán un nuevo plan a partir del primero de agosto.
En dos semanas el Gobierno se comprometió a tener una solución al problema.
Por Sebastián Bogarín Villalobos.
Durante las últimas 2 décadas el país ha sufrido un aumento desmesurado en el costo de los medicamentos. Ellos son vitales para el bienestar de la población, que se ve afectada de dos maneras: en lo económico, y el más importante, en su salud, porque los elevados precios (o la ausencia del todo en el país de varios medicamentos) impide a una parte de los costarricenses defenderse de las enfermedades o aplicarse tratamientos. Sus posibilidades quedan, entonces, restringidas a lo que le brinde la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), si está asegurado.
Esa queja ciudadana no ha pasado inadvertida para (algunos) diputados (representantes del pueblo según la Constitución Política) de las últimas seis asambleas legislativas y por ello han presentado diversos proyectos de ley tendientes a ponerle tope al lucrativo negocio. El presente artículo resume esas nueve iniciativas y para elaborarlo La Reacción consultó el portal oficial de la Asamblea Legislativa de la República.
La primera propuesta de ley fue presentada a la corriente legislativa en el año 1998 por el diputado del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz Céspedes, bajo el título Control de Precios de los Medicamentos para la Protección del Consumidor.
Muñoz Céspedes, de profesión médico, argumentó que la liberación de precios ocasionada por la Ley de Promoción y Defensa del Consumidor no se tradujo en mejores condiciones para los consumidores y, entonces, propuso la fijación de márgenes de utilidad en las distintas etapas de comercialización.
Este proyecto recibió dictamen afirmativo en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales en 1999; sin embargo, una vez en el Plenario se le agotó el plazo cuatrienal y, en consecuencia, fue archivado en el año 2002.
En el año 2005 se presentó un proyecto similar (básicamente con el mismo texto) incorporando algunos cambios como la intención de regular el sector farmacéutico nacional.
Fue presentado a la corriente legislativa con el título Ley de regulación de la importación, distribución y suministro de medicamentos en forma conjunta por los diputados del Partido Liberación Nacional, Kyra de la Rosa Alvarado y Sigifredo Aiza Campos.
Este proyecto fue asignado igualmente a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, pero se le venció el plazo cuatrienal sin llegar siquiera a ser dictaminado, por lo que también se ordenó su archivo en el 2009.
En el año 2010 el diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, presenta el proyecto de ley titulado Regulación de precios de los medicamentos en el que afirma que Costa Rica es el cuarto país con precios más altos en medicamentos, a pesar de no pagar aranceles de importación ni impuestos.
Este proyecto propusp establecer un permanente mecanismo u oficina de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos para alcanzar, a través de márgenes de utilidad y control de precios con mecanismos similares. Este proyecto tuvo varios análisis y debates en el Plenario Legislativo, pero finalmente terminó archivado en el año 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal.
En el año 2014, la diputada Natalia Díaz Quintana (hoy Ministra de La Presidencia, excandidata presidencial) presentó el proyecto de Ley para la reducción de costos, acreditación expedita y facilidad de importación de los medicamentos, equipo y material biomédico, alimentos, productos naturales y suplementos de la dieta.
El plan proponía la acreditación expedita, facilidades a la importación de medicamentos y equipos mediante una reforma a la Ley General de la Salud, facilidades para el registro sanitario y, en consecuencia, el fomento de la micro y pequeña empresa, fortaleciendo un sector industrial de medicamentos y, de esa forma, minimizar el monopolio.
Pero, al igual que los proyectos anteriores, este fue archivado en el año 2018.
2 años después, en el 2016, se empiezan a plantear cada vez más proyectos en torno al tema de medicamentos, lo que puso de relieve el grado de preocupación y necesidad que adquirió el problema para los costarricenses.
Este año la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos (junto con 44 diputados más) plantearon uno de los proyectos que más debates, estudios y que más tiempo estuvo en vigencia.
Este proyecto titulado Ley para la adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS propuso incrementar el impuesto específico a las bebidas sin contenido alcohólico, exceptuando el agua, la leche, todas las bebidas terapéuticas y de uso médico.
Los recursos recaudados (se proyectaban hasta en ₡10.000 millones anuales) se destinarían a la CCSS para comprar medicamentos y vacunas que tienen un alto impacto financiero para los hpgares costarricenses. Pese a su alto alcance, la iniciativa tambien fue archivada al vencer su plazo cuatrienal, en el año 2021.
En el 2019, los diputados Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana) y José María Villalta (FA) presentaron un nuevo proyecto de ley ampliamente debatido y dictaminado incluso por el Plenario titulado Ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos.
El proyecto de ley tuvo un objetivo social: lograr mediante la intervención del estado y el sistema de salud, eliminar fallas en la oferta y la demanda del mercado y la cadena de comercio de la industria de los medicamentos que cuenta con múltiples participantes.
El proyecto de Ramos y Villalta pretendíó simplificar la metodología y ahorrar recursos, mediante la regulación de medicamentos de manera diferenciada, promoviendo un consumo consciente de los mismos.
El proyecto de ley se inspiró en 3 pilares: promover la oferta, proteger al consumidor y supervisar e intervenir en los precios. Sin embargo, como los demás proyectos nunca se aprobó y los anteriores diputados (2018-2022) lo archivaron (en junio del 2023) al rechazar extenderle su plazo cuatrienal.
A mediados del año 2020, la diputada por Puntarenas, Franggi Nicolás Solano (Partido Liberación Nacional) presentó una propuesta que, a la fecha, se mantiene viva y mantiene su plazo cuatrienal hasta el año 2024.
Esta propuesta de ley tuvo por título Ley de control de precios de medicamentos, parte de que existe desconocimiento respecto a la fijación de precios y que debe adoptarse un procedimiento más transparente que evite prácticas monopólicas.
El plan legislativo revela las debilidades de la CCSS y muestra un creciente aumento del gasto en proveedores privados debido a la falla en sus adquisiciones.
También ya como país OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en la Asamblea Legislativa surgió un proyecto de ley en el ámbito del precio de los medicamentos. La diputada Ana Karine Niño Gutiérrez (PLN) presentó en el 2020 un proyecto de ley denominado Incorporación de la figura de homologación de registros sanitarios de medicamentos y otros, provenientes de países que conforman parte de OCDE con estándares sanitarios iguales o superiores a Costa Rica.
Este proyecto aspira a fomentar las condiciones de competitividad a través de la incorporación de la figura de homologación, facilitando el movimiento de capitales, personas y negocios, eliminando obstáculos innecesarios en el comercio y contribuyendo al aceleramiento del proceso y reduciendo costos.
En año 2021, el diputado Welmer Ramos dio continuidad a su primer proyecto de ley en esta materia y propone mayor presencia de laboratorios, droguerías y medicamentos en el país, para generar mayor competencia, prohíbe a las droguerías negar la venta, modificar las condiciones de venta según el comprador o imponer condiciones diferentes de venta entre farmacias. Se solicita la protección del consumidor comparando precios de medicamentos con el resto de Centroamérica.
Todos los sectores, desde el legislativo, el Poder Ejecutivo como el académico lo tienen claro: el negocio de los medicamentos es sumamente lucrativo. Quizá por eso luego de 25 años de vida parlamentaria y 10 iniciativas de ley la situación es la misma o peor: las familias tienen que destinar buena parte de sus ingresos a adquirir los medicamentos que la CCSS no le provee.
2023: Nuevo intento
De nuevo la Asamblea Legislativa se propone disminuir el precio de los medicamentos. Son dos mujeres, representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y curiosamente de provincias donde un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) revela que los precios de los medicamentos son mayores a las zonas urbanas, las que lo impulsan.
Se trata de las diputadas Melina Ajoy Palma (Guanacaste) y María Marta Carballo Arce (Limón), quienes en la justificación de la iniciativa (expediente 23234) advierten algunas fallas en la cadena de valor del mercado y proponen la importación paralela para abrir el mercado y romper la actual distribución exclusiva.
También plantean una reforma a la Ley General de Salud y un nuevo reglamento de establecimientos farmacéuticos, permitir la inscripción de nuevas droguerías extranjeras con precios más competitivos y crear un sistema de información para dar seguimiento al comportamiento del mercado.
También plantean la sustitución de medicamentos bio-equivalentes ya que los originales requieren una alta inversión y los genéricos constituyen alternativas terapéuticas y, por ultimo, mejorar la eficiencia del mercado con algunas medidas puntuales:
• La homologación de productos médicos.
• La institución de la importación paralela.
• Proscripción de las prácticas monopolísticas absolutas como la integración vertical y los contratos de exclusividad.
• Promoción de la libertad de selección y disponibilidad de información a los consumidores por medio de la prescripción por denominación común internacional.
Para divulgar los alcances del proyecto de ley, el despacho de la diputada Ajoy organiza un foro (en fecha por definir) para exponer los resutados del estudio del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) sobre el precio de los medicamentos y evalúa opciones de colaboración política en este tema con el estudio académico de la UNED.
La intención es poner el proyecto a discusión a partir del primero de agosto en sesiones parlamentarias ordinarias.
Luego de 10 intentos fallidos en la Asamblea Legislativa, el presidente de la república, Rodrigo Chaves, asumió la disminución de los precios de los medicamentos como una de sus principales luchas en el campo de la salud.
Pero cerca de un año de echarse a andar el decreto ejecutivo que permitiría la importación paralela (10 de agosto) en el país los precios se mantienen prácticamente igual, continua el oligopolio de las casas farmacéuticas, el cierre de farmacias independentes y la apertura de farmacias en cadenas.
En la próxima entrega de esta serie (la cuarta) le informaremos sobre la estrategia que el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves evalúa y afina para combatir -de nuevo- los altos precios de los medicamentos en el país.
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