UNGL confía en pronta reapertura de municipios allanados para ofrecer servicios
Tras los 40 allanamientos y 6 detenciones dentro de ocho municipalidades durante esta mañana, la Unión Nacional de Gobiernos Locales reaccionó con respeto y calificó las pesquisas como “preliminares”.
El caso bautizado como Operación Diamante investiga presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra, pública. Las diligencias aún se realizan en casas ubicadas en San José, Cartago, San Ramón, Golfito, Siquirres, Escazú y Alajuela, así como en la oficina MOPT-BID y la empresa Explotec, que al parecer obtuvo licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José.
Los allanamientos en los municipios implican el ingreso a distintos departamentos dentro de estos, por lo que, el total de puntos intervenidos asciende a 84 estructuras.
Por estos hechos fueron detenidos seis alcaldes municipales, cinco funcionarios de gobiernos locales y dos empresarios.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que las 13 personas detenidas serán trasladadas al Segundo Circuito Judicial de San José, donde, en el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para la probable petición de medidas cautelares.
Luego de los hechos judiciales, en nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras, reaccionó así a las diligencias judiciales de este lunes.
También las diligencias judiciales provocaron la reacción de algunos candidatos presidenciales. En el caso de Liberación Nacional (al cual pertenecen 5 alcaldes detenidos), el candidato presidencial José María Figueres, manifestó su absoluta confianza en el proceso de investigación, en nuestro sistema judicial y en la investigación del Organismo de Investigación Judicial.
“Al igual que lo hemos hecho con el caso Cochinilla y otros, apoyamos toda acción que luche contra la corrupción”, indicó Figueres.
Agregó que, si alguna de las personas bajo investigación tuviera responsabilidad en la campaña, se retirará de la misma de forma inmediata. De igual forma Figueres Olsen puntualizó que el Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional, debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos.
En otras tiendas políticas, el aspirante presidencial del Partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Piza, censuró los presuntos hechos y reveló su propuesta para combatir la corrupción en la función pública y la contratación administrativa.
En el caso del Partido Costa Rica Justa, cuyo aspirante presidencial es Rolando Araya, hermano de Johnny Araya, uno de los seis alcaldes detenidos, la posición la suscribió la Jefatura de Campaña, que recae en el vicepresidente de la fórmula presidencial y empresario, Orlando Guerrero.
El Comando de Campaña de Araya indicó que “nuestro partido no tiene participación con regidores, alcaldes o vicealcaldes en ninguna municipalidad del país. Ninguna de las personas arrestadas forma parte de nuestra campaña o partido. Concretamente, en el caso del señor alcalde de San José, Johnny Araya, no ha participado, ni participa en la campaña o estructura del partido Costa Rica Justa. Nuestro partido cree y defiende la independencia judicial y la honorabilidad de los administradores de la justicia del país”, indica la reacción de la agrupación que preside el diputado Dragos Dolanescu.
Agrega que “estamos convencidos de que las autoridades deben de realizar su trabajo y aclarar todos los aspectos relacionados con el caso. Nunca hemos tolerado ni toleraremos ningún acontecimiento que tenga que ver con el mal uso de fondos públicos, por lo cual apoyamos y respetamos el trabajo que están efectuando la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial. Serán los Tribunales de Justicia los que diluciden las imputaciones y valoren las pruebas y testimonios y con ellos podrán impartir justicia pronta y cumplida”.
Esta vez la posición del Partido Costa Rica Justa llegó sin el usual video que siempre amplía la posición del candidato presidencial, a pesar de que la prensa nacional fue insistente en solicitarlo.
Fotografía de portada tomada del Diario La Nación.
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