Indígenas Sur Sur denuncian: “Violencia es peor que el año pasado”

Representantes de poblaciones indígenas del Sur Sur del país, denunciaron este miércoles en conferencia de prensa, el aumento de la violencia contra sus pobladores en represalia por tratar de recuperar sus tierras en poder del Estado costarricense.

La actividad se realizó en el auditorio de la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico (TEC), en Barrio Amón, San José, donde miembros de las comunidades de China Kichá y Salitre, entre otros, expusieron su situación en temas como recuperación territorial, impunidad y consultas a territorios.

Por ejemplo, Eli Ortiz Torres, de Cabagra, denunció la ola creciente de violencia en la recuperación de territorios, entre la cual destacan asesinatos, compañeros golpeados y macheteados.

Por su parte, Heylin Figueroa, del pueblo Bribrí de Salitre, exigió la devolución de sus territorios como única vía para lograr la paz y frenar la violencia que acecha a cada uno de los poblados indígenas del Sur Sur.

Denunció que en su pueblo no existe seguridad, pues la misma Fuerza Pública ha sido parte de agresiones contra ellos.

Agregó que estas acciones están a cargo de grupos organizados, entre los cuales hay políticos o familiares de ellos en busca de beneficios. Dichos grupos, además, cuentan con recursos económicos, por lo cual la vida de ella y sus coterráneos está en juego diariamente. Además, asegura, que son objeto de discriminación y burlas a la hora de presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Por su parte, el guía del Awá Carlos Stiven Vargas Figueroa, autoridad tradicional del Pueblo Bribri,  también criticó las consultas territoriales realizadas por el Estado, porque, asegura, son acciones de mala fe.

De igual forma, Eli Ortiz, denunció el papel que juegan las ADI (Asociaciones de Desarrollo Indígenas), a quienes responsabilizó de ser cómplices del Estado.

Asimismo, Ortiz resaltó el nivel de impunidad existente por parte del gobierno y puso como ejemplos, los casos de Sergio Rojas y Jhery Rivera, quienes fueron asesinados defendiendo sus derechos como pueblos y territorios indígenas.

Más grave aún resulta el hecho de que, según Figueroa, en su pueblo no existen los derechos humanos, opacados por la constante discriminación y una violencia sin límites que los priva de tener una vida digna.

Respuesta del Gobierno

En contraposición a lo manifestado en la conferencia de prensa por los indígenas Sur Sur, el gobierno de la República emitió este sábado un comunicado en donde resaltó la presentación de los avances y desafíos de la agenda indígena a Francisco Calí Tzay, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el tema  del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), el cual nació en el 2016, con el objetivo de establecer procesos administrativos que permitan definir la ocupación y propiedad de fincas en los 24 territorios indígenas, las autoridades comunicaron que dicho plan ha logrado 7.501 censos, 1.554 predios medidos y la conformación de 270 expedientes y órganos directores para el análisis y definición de la ocupación y propiedad. Además, como parte del presupuesto extraordinario para el 2022, se asignaron 1.200 millones de colones para la expropiación de tierras, en los casos en lo que la normativa lo determine.

En el bloque de protección social, representantes de diferentes instituciones abordaron temáticas sobre educación, salud, migración, acceso al agua, entre otros. En este espacio destacó la atención de la pandemia con los pueblos indígenas, población que contó con un documento de lineamientos específicos menos de un mes después de registrar el primer caso de COVID-19 en el país.

Sobre educación, este ministerio expuso los programas para lenguas y cultura para los idiomas de boruca, ngäbere, ngäbe-buglé y cabécar, así como los procesos en desarrollo para la conclusión de los programas de bribri de Sulá, boruca y otros cursos específicos.

En acceso al agua potable, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados presentó la concreción de 32 acueductos en los últimos 10 años, los cuales benefician a más de 12.400 personas, tras una inversión que supera los 3.260 millones de colones.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, explicó el abordaje en territorios indígenas que ha alcanzado a más de 10 mil familias indígenas en todo el país. Además, profundizó en el engramado de Puente al Bienestar que atiende diferentes áreas con programas interinstitucionales como Mujeres semilla gestoras de vida, huertos agroecológicos, educación financiera, desarrollo personal, entre otros.